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Régimen de Rajoy afianza control sobre medios y ataca salud de inmigrantes

Madrid. Télam. | 20 de Abril de 2012 a las 00:00

El gobierno de Mariano Rajoy decidió hoy viernes por decreto volver a hacer potestad del Ejecutivo la designación del máximo directivo de la cadena pública de televisión española y aprobó una reforma y educativa y otra sanitaria que restringe el acceso a la atención médica de los inmigrantes.

A través de un real decreto, aprobado hoy en una reunión de gabinete, el gobierno suprimió la obligación de que el presidente de Radio Televisión Española (RTVE) sea elegido por dos tercios de los diputados del Parlamento, una condición que exigía que los dos partidos mayoritarios acordaran el nombre del presidente de la corporación.

La elección del presidente de RTVE ya no necesitará de una mayoría calificada en el Congreso de los Diputados, sino que bastará con una mayoría absoluta, según anunció la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, al término de la reunión.

Con este decreto, Rajoy desarma la reforma que en 2006 aprobó su antecesor, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, para separar a la televisión pública española del partido de gobierno.

La vicepresidenta apeló a los "graves" problemas de gestión y a la necesidad de desbloquear los nombramientos para justificar este cambio legislativo.

Y se apoyó en una disposición transitoria de la ley de 2006 que permitía la designación del Consejo de RTVE por una mayoría absoluta en la Corte si no se alcanzaba la mayoría de dos tercios en una primera votación.

"La designación seguirá siendo parlamentaria, pero se adoptará la solución prevista en 2006", dijo la vicepresidenta, citada por el diario español El País.

Sáenz de Santamaría argumentó razones de austeridad económica para reducir el número de consejeros de 12 a 9. Además, a partir de ahora no tendrán dedicación exclusiva y sólo cobrarán dietas. El salario actual anual de los consejeros es de 110.000 euros.

Este cambio legislativo se produce en un clima de ataque directo de los dirigentes del conservador PP a la cadena televisiva estatal y, sobre todo, a sus informativos, a los que califican de "sectarios". En los últimos meses, el PP redobló sus ataques a RTVE, cuestionando la "ingobernabilidad" de la corporación.

Desde el pasado julio, cuando presentó su renuncia el entonces presidente, Alberto Oliart, la televisora pública española está gestionada por un Consejo de Administración que actúa de manera asamblearia. Los miembros de este organismo asumen la presidencia no ejecutiva de manera rotatoria, un mes cada uno.

El Consejo de RTVE sufrió, además, de la baja de Oliart, la salida de dos consejeros: el de la central de trabajadores Comisiones Obreras (CCOO) y uno de los cuatro que tiene el propio PP. De los 12 miembros quedan nueve. La mitad de ellos terminaron su mandato hace más de dos años.

El consenso entre el PP y el Partido Socialista había hecho posible el nombramiento en 2006 de Luis Fernández y el de Oliart, tres años más tarde.

El Gobierno abrió también hoy la posibilidad de privatizar la gestión de las televisiones de las comunidades autónomas por el elevado endeudamiento de las regiones y sus necesidades de consolidación fiscal, en otra medida de ajuste para reducir el elevado déficit público.

Respecto de los canales de televisión de las regiones autonómicas, la vicepresidenta dijo que "Hemos aprobado una importante medida de austeridad al servicio de las comunidades autónomas. Se envía al Congreso de los Diputados un proyecto de ley sobre la flexibilización de los modos de gestión de las televisiones autonómicas".

El Gobierno ya había aprobado en un consejo de ministros anterior un anteproyecto de ley para flexibilizar la gestión de las televisiones autonómicas remitido a distintos órganos consultivos.

"Hoy se aprobó definitivamente en Consejo ese proyecto de ley que remitiremos al Congreso de Diputados pidiendo su tramitación de urgencia en que se amplía la libertad de elección.

Si deciden no presentar (este servicio) podrán en su caso, en concurso, sacar las correspondiente licencias audiovisuales", manifestó la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La vicepresidenta y portavoz añadió que las comunidades que decidan seguir gestionado sus canales de televisión habrán de someterse a la misma disciplina que el resto de comunidades.

En la misma reunión de gabinete de hoy, los ministros aprobaron también por decreto las reformas sanitaria y educativa propuestas esta semana por el Ejecutivo y duramente rechazadas por los sindicatos y la oposición.

En una medida que no había anunciada cuando se propusieron las reformas, la ministra de Sanidad, Ana Mato, dijo hoy tras la reunión que se anulará la posibilidad de que familiares de residentes legales extranjeros puedan utilizar el sistema de salud.

Mato dijo que para imponer esta nueva restricción van a impulsar un cambio en la Ley de Extranjería de tal forma que los inmigrantes no puedan acceder al sistema solo con el certificado de empadronamiento, sino que se les exigirá nuevos requisitos para comprobar que viven y trabajan el país.

Entre ellos, la ministra mencionó la residencia fiscal, es decir, que paguen impuestos en España.

Tal como se sabía desde el miércoles, la reforma sanitaria también despoja a los jubilados de su beneficio de no pagar por los medicamentos e incrementa la contribución a la factura farmacéutica del resto de los ciudadanos en función de la renta.

La reforma educativa contempla aumentar el número de alumnos por aula en los colegios y elevar la carga horaria docente para ahorrar 3.000 millones de euros en Educación, entre otras medidas que según sindicatos dejarán hasta 100.000 maestros en la calle.

También dejará de ser obligatorio contratar a suplentes para reemplazar a docentes que falten menos de 10 días por año y ofrecer dos modalidades de Bachillerato (Ciencia y Artes) como hasta ahora, y además se congelarán o eliminarán complementos salariales especiales para los docentes.

 


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