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Proyecto de ley se vuelve menos amistoso con indocumentados

Agencia AP. Desde Washington. | 12 de Abril de 2007 a las 00:00
Los términos del debate sobre inmigración se han vuelto menos amistosos para los inmigrantes indocumentados en tanto que legisladores y el gobierno del presidente George W. Bush luchan por alcanzar un acuerdo en las próximas semanas. El panorama para una reestructuración en materia de inmigración ha estado en un sube y baja en apenas un año, con un partido distinto en control del Congreso y nuevas realidades políticas para Bush y los principales negociadores en dicho recinto legislativo. Bush, en busca de dejar su marca, pasó de ser un espectador interesado a un intermediario en el prolongado conflicto, enviando a miembros del Gabinete a largas reuniones diarias con senadores en el Congreso. El influyente senador republicano John McCain, cuya postura moderada en asuntos de inmigración definió el enfoque del año pasado, se muestra reticente, temeroso de enfurecer a los conservadores mientras que lucha por mantener viva su candidatura presidencial. Y si bien las divisiones entre los republicanos estuvieron en primera plana el año anterior, esta vez son las fisuras de los demócratas, ansiosos de mostrar que pueden dirigir, las que se hacen notorias. Además, en un giro irónico, las líneas generales de un acuerdo potencial se han torcido a la derecha, hacia una ruta más difícil a la ciudadanía para los aproximadamente 12 millones de inmigrantes ilegales, incluso mientras que el poder en el Congreso ha pasado a manos demócratas, quienes en general favorecen un enfoque más permisivo. La Casa Blanca ha sugerido una propuesta que requeriría que inmigrantes ilegales pagaran multas de hasta 10.000 dólares, enfrentaran largas esperas y regresaran a sus países de origen para poder tener la opción de convertirse en ciudadanos; condiciones mucho más duras que las de un proyecto bipartidista aprobado por el Senado el año anterior y respaldado por Bush. A los inmigrantes también se les negaría el derecho de traer a familiares a Estados Unidos. Una proyecto presentado anteriormente este año añadiría una nueva ordenanza para que inmigrantes indocumentados retornaran a casa antes de obtener estatus legal, requerimiento que muchos demócratas y grupos proinmigrantes condenaron y calificaron como una orden de "reportarse para ser deportados". Los cambios reflejan un nuevo cálculo político para los republicanos, quienes temen que cualquier plan aprobado por el Senado se volverá más permisivo para la inmigración ilegal en la cámara baja, más liberal, y durante las negociaciones dominadas por los demócratas. A su vez, los demócratas reconocerían que ningún proyecto sobre inmigración puede ser aprobado sin apoyo de los republicanos, así que están considerando medidas más duras. La presidenta de la cámara baja, Nancy Pelosi, ha informado a Bush que debe conseguir 70 votos entre los republicanos antes que ella intente aprobar cualquier proyecto de ley sobre inmigración.

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