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Proponen castigar a empleadores de inmigrantes ilegales en Pennsylvannia

Diario Al Día, Texas. | 13 de Abril de 2007 a las 00:00
La protestas no han logrado frenar proyectos como estos, que de ser aprobados en el Congreso estatal se convertirían en un espaldarazo a las ordenanzas municipales al estilo Hazleton. "Servirá y beneficiará a la salud, seguridad y bienestar del público y de las empresas respetuosas de la ley el adoptar políticas y procedimientos para escarmentar y prevenir el empleo de extranjeros no autorizados". Así reza uno de los "hallazgos legislativos" invocado en las iniciativas que buscan implementar en Pensilvania sanciones adicionales a las establecidas por la ley federal. El pasado 22 de marzo la Cámara de Representantes del estado recibió los proyectos de ley 750 y 753, que prohíben tanto a empresas como a profesionales individuales la contratación de inmigrantes indocumentados. Estos proyectos de ley invocan como justificación "la sistemática distorsión del mercado laboral de la Mancomunidad por la reducción de salarios, impactando negativamente las condiciones de trabajo, evadiendo impuestos y reduciendo el número de trabajos disponibles para aquellos que legalmente tienen derecho a empleo en esta Mancomunidad". Sometidos por al menos 40 congresistas, con el representante republicano Daryl Metcalfe a la cabeza, estos proyectos buscan habilitar a las autoridades estatales y a las demás "subdivisiones políticas de esta mancomunidad" para que implementen ordenanzas prohibiendo y sancionando el empleo de inmigrantes "no autorizados". De tener éxito, estos proyectos de ley se convertirían en un espaldarazo a las ordenanzas municipales al estilo Hazleton que buscan literalmente erradicar la presencia misma de inmigrantes mediante sanciones a quienes brinden trabajo o incluso arrienden vivienda a quienes no cuenten con un estatus legal en Estados Unidos. Pese a que los proyectos de ley, al igual que la ley federal vigente dicen que no será tolerada la discriminación por razón de origen nacional, grupo étnico o raza, es difícil ver cómo en la práctica se promueve la denuncia de inmigrantes por una parte y por otra se evitará el prejuicio racial. Con todo, las denuncias contra empresas que emplean trabajadores indocumentados no solo no pueden tener visos de prejuicio racial, sino que también deben estar bien documentadas y respaldas por la firma de responsabilidad del demandante Mostrando la otra cara de la moneda, un mes antes de la presentación de estos proyectos, el 28 de febrero pasado el secretario de Comercio de Estados Unidos, Carlos M. Gutiérrez, inmigrante latino, testificó ante el Comité Judicial del Senado que para efectos de responsabilizar a los empleadores para que verifiquen el estatus legal de sus trabajadores, primero había que dotarles de las herramientas necesarias para tal verificación. En contraste los proyectos de ley presentados en Pensilvania asumen que tales herramientas de verificación ya existen. Gutiérrez también indicó que la economía estadounidense demanda más trabajadores que los que la población estadounidense genera y que de hecho los inmigrantes representan casi el 50 por ciento del crecimiento de la fuerza laboral desde 1996. Tal como informara Gutiérrez, los inmigrantes están aprovechando la oferta laboral disponible en agricultura, la industria hotelera y de restaurantes (hospitalidad) y en la construcción, donde según dijo: "los empleadores no pueden encontrar a estadounidenses que lo hagan". En Pensilvania los inmigrantes han suplido la demanda de trabajadores agrícolas en la industria de champiñones, la mayoría de los trabajadores en la industria avícola del estado de Delaware, y toda la industria de la hospitalidad igualmente se ha beneficiado de su mano de obra. Qué pasara entonces si pese a la necesidad de mano de obra, Pensilvania se empeña en perseguir a los trabajadores en lugar de regularizar su situación.

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