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Ministra española obliga a inmigrantes irregulares a los seguros de salud privados

Madrid, España. redinmigrantes.es | 7 de Agosto de 2012 a las 00:00

Los inmigrantes irregulares menores de 65 años que quieran ser atendidos en el sistema público de salud tendrán que pagar 710,40 euros anuales, es decir, 59,20 mensuales. Los mayores de 65, deberán pagar 1.864,80 euros al año o 155,40 al mes. Son los ‘convenios especiales' que se comprometió a crear la Ministra de Sanidad, pero que se asemejan mucho a los seguros privados de salud aunque con más limitaciones.

La ministra de Sanidad Ana Mato se comprometió hace unos meses a buscar una solución para los inmigrantes irregulares que excluirá del sistema público de salud. El diario El País ha publicado en primicia la orden del Gobierno sobre esta materia que regula los ‘convenios especiales' de los que habló Mato cuando aseguró que nadie se quedarían sin sanidad.

Pero estos convenios requieren de pagos que son muy similares a los de un seguro privado de salud. De hecho, el no pago de alguna de las cuotas supondrá la suspensión del convenio durante tres meses, en que se les negarán los servicios sanitarios no urgentes. Si en ese tiempo se corrige el impago, el convenio seguirá en vigor. Si no se salda la deuda, se extinguirá el derecho a la asistencia sanitaria.

La firma de estos convenios es voluntaria y no cubrirán el pago de las medicinas o el transporte sanitario, que deberán abonar íntegramente las personas que los suscriban.

El periódico del Grupo Prisa publica que el Ministerio ha establecido un cálculo por el que los menores de 65 años pagarían 177,5 euros menos de lo que se estima que gastará de media cada persona en esa franja de edad. Por su parte, los mayores de 65 pagarán unos 466,3 euros menos, que serían asumidos por las Administraciones. Un convenio que según la memoria económica que acompaña al borrador considera que ‘este nuevo convenio no tendría impacto económico significativo'.

La medida no sólo afectará a los inmigrantes irregulares, sino a quienes no tengan consideración de asegurados ni sean beneficiarios del Sistema Nacional de Salud.

Desde el 1 de septiembre, los inmigrantes en situación irregular no tendrán derecho a la asistencia sanitaria integral en el sistema público de salud. La tarjeta sanitaria de quienes residan irregularmente en España caducará ese día y sólo podrán ser atendidos en urgencias. Sólo hay dos excepciones: las embarazadas y menores de edad sin permiso de residencia también serán atendidos en la sanidad pública. No obstante, a estos dos grupos se les aplicará un copago farmacéutico del 40%.

 


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