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Indocumentados podrán recuperar asistencia médica si pagan entre 710 y 1864 euros al año

Santo Domingo. amodominicana.com | 8 de Agosto de 2012 a las 00:00

Los extranjeros sin permiso de residencia deberán cumplir dos requisitos más: llevar al menos un año empadronados en España y no ser beneficiarios un sistema de sanidad pública.

Tras retirar la asistencia sanitaria gratuita a los inmigrantes indocumentados, excepto a través de urgencias, el Gobierno de Rajoy creará una vía para atender a este colectivo siempre que paguen al menos 710,40 euros al año, según informa este martes el diario El País. Mediante los denominados convenios especiales, un método que se asemeja a los seguros sanitarios privados, Sanidad devolverá a los inmigrantes sin permiso de residencia el derecho a la asistencia sanitaria pública, ya que a partir del 1 de septiembre perderán su tarjeta sanitaria.

La propuesta del departamento que dirige Ana Mato establece que losinmigrantes menores de 65 años que quieran ser atendidos en la sanidad pública deberán abonar 710,40 euros al año (59,20 mensuales) y los mayores de 65 años 1.864,80 euros anuales (155,40 al mes).

Sanidad estima que el coste de los menores de 65 años sería 177,5 euros menos de lo que les correspondería pagar y en el caso de los mayores supondría 65 euros menos, una pérdida que sería asumida por el Estado.

Para poder acceder a estos convenios especiales, los inmigrantes deberán cumplir dos requisitos además: llevar al menos un año empadronados en España y no ser beneficiarios un sistema de sanidad pública.

La adhesión a estos convenios especiales no garantiza el pago de las medicinas o el transporte sanitario, que correrían a cargo por completo de los beneficiarios.

Dejar de pagar una de las cuotas supondrá una suspensión del convenio durante tres meses. Si durante el castigo se abona la cuota adeudada el convenio seguirá en vigor, en caso contrario perderá el derecho a la asistencia gratuita.

Quedan excluidos de estos convenios especiales, las inmigrantes embarazadas (que tienen derecho a ser atendidas durante el embarazo, el parto y el posparto) y los menores extranjeros que podrán acceder a la sanidad como cualquier ciudadano español, aunque se les aplicará un copago farmacéutico del 40%. También, las víctimas de trata que se encuentren en el proceso de reflexión establecido por ley y quienes hayan pedido asilo en España también podrán acceder a la sanidad pública.

Según El País, estos convenios fijarán unos descuentos para aquellas personas que tengan familiares discapacitados o ancianos a su cargo. A partir de la segunda persona que dependa de ellos, se descontará el 15% si hay tres o cuatro suscriptores en la misma familia.

 


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