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Sube número de autonomías rebeldes que seguirán atendiendo a los inmigrantes sin papeles

Cádiz. Agencias. | 30 de Agosto de 2012 a las 18:29

Casi un millón de inmigrantes se quedarán sin asistencia sanitaria a partir del sábado, cuando entra en vigor la norma que se retira el acceso a la sanidad pública a los extranjeros que residan en España de manera irregular.

Su nombre es Leyti y mira a los ojos fijos cuando recuerda los ocho meses que trabajó y que cotizó en nuestro país, pero que no le servirán para nada. Esta misma mañana en Cádiz recordaba como perdió el empleo y con él sus papeles. Ahora, su única preocupación dejará de ser la de ahorrar todo lo posible para enviarlo a su familia en Senegal.

Tendrá que ventilárselas para seguir vivo sin tarjeta sanitaria: "Si no tenemos dinero ni médicos, ¿qué hacemos?, ¿nos morimos?", cuestionaba a los periodistas convocados por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en vísperas de que el 1 de septiembre entre la polémica reforma sanitaria del Gobierno.

Ese trata de la puesta en práctica del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril en el que, junto a otras medidas, se retira el acceso a la sanidad pública a los inmigrantes que residan en España de manera irregular. Se calcula que, ese día, más de 153.000 inmigrantes irregulares perderán su tarjeta sanitaria. Se trata, según numerosas organizaciones de la sociedad civil española, de un gesto claramente racista y xenófobo ya que, según cálculos del propio ejecutivo, dicha medida apenas permitirá ahorrar 500 millones de euros, una cifra bien alejada de los 16.000 millones de déficit que aqueja a la Sanidad pública española.

Rafael Lara, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, considera que los cálculos oficiales son exagerados: "Los inmigrantes apenas generan gasto al sistema de salud pública", rechaza de plano.

 


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