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Primera semana sin prestar atención sanitaria a migrantes en España

Madrid. EFE. | 9 de Septiembre de 2012 a las 14:11

La primera semana de aplicación del decreto que deja sin tarjeta a los inmigrantes irregulares ha transcurrido con "normalidad" y sin grandes incidentes en los centros sanitarios, según los gobiernos autonómicos, aunque algunas organizaciones aseguran que se han producido algunas restricciones y desatenciones.

Desde el pasado día 1 está en vigor esta norma, con la que el Ejecutivo pretende ahorrar al menos 1.500 millones de euros y que afecta a 910.000 pacientes que no pagan impuestos y, especialmente, a más de 150.000 inmigrantes sin permiso de residencia, por su vulnerabilidad económica y social.

El Ministerio de Sanidad ha asegurado que se atenderá a los inmigrantes irregulares en urgencias en caso de accidente o enfermedad grave; en el embarazo, parto y postparto, y a los menores de 18 años. Tampoco dejará sin su tratamiento a los pacientes crónicos o con enfermedades infecciosas.

Algunas comunidades como Andalucía, Asturias y País Vasco adelantaron que no aplicarían esta norma y que seguirían atendiendo a los inmigrantes como hasta el momento, algo que también apuntaron las comunidades de Castilla y León y Galicia, gobernadas por el PP.

Los Ejecutivos autonómicos han explicado que durante estos días no se han producido incidentes y se han desarrollado con normalidad, si bien han aumentado las consultas para saber sobre la aplicación del decreto y numerosos ciudadanos han formulado sus dudas sobre la forma de facturación.

En cambio, algunas organizaciones, como la plataforma "Yo sí, sanidad universal", aseguran que se han registrado las "primeras restricciones", entre las que han citado el caso por el que un inmigrante tuvo que pagar por ser atendido por meningitis y el de un epiléptico al que no se le hizo la receta para adquirir sus medicamentos, a pesar de no tener dinero para costeárselos.

Desde Médicos del Mundo afirman que se han registrado casos de desatención en todas las delegaciones de la organización en España, que harán públicos las próxima semana, pero solo aquellos que tengan la autorización del afectado.

El personal voluntario de esta organización intervino el martes cuando a una mujer rumana le reclamaron el pago de 85 euros para ofrecerle un servicio de urgencias por una infección de oído en un centro de salud en Palma, donde le atendieron tras recordarle al personal que solo se puede facturar cuando se ha brindado atención.

Según la división canaria de esta organización y otras asociaciones de esta comunidad, los inmigrantes irregulares ya venían teniendo problemas para acceder al sistema desde hace meses y se habían presentado denuncias en este sentido.

Ante esta situación, muchos médicos han decidido seguir atendiendo a los "sin papeles" y acogerse a la objeción de conciencia. Hasta el momento, son 2.000 en toda España, según el registro de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC).

No obstante, la Organización Médica Colegial cuenta con el "compromiso" del Ministerio de que no se "castigará administrativamente" a ningún profesional.

Las principales dudas han surgido en relación a una posible facturación de los servicios y, por ejemplo, en Cataluña se informa a los irregulares de que tienen un plazo de seis meses para presentar sus datos de renta y acreditar un empadronamiento mínimo de tres meses para facilitarse una tarjeta válida en esa comunidad.

En el caso de los extranjeros sin tarjeta, se les deriva por la vía de urgencias para que puedan ser atendidos y ya se han iniciado los trámites para notificar a los 600.000 ciudadanos que no figuran como asegurados.

El Gobierno vasco no cree que se vaya a producir un "efecto llamada" y que acudan allí inmigrantes sin papeles para recibir atención porque, a su entender, se mueven en función del trabajo y no de la asistencia sanitaria.

En el caso de Navarra, el Ejecutivo foral ha decidido habilitar ayudas que cubran el coste de la asistencia de quienes acrediten no poder pagar y cuyos requisitos serán ser mayor de edad, no tener ingresos superiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) (fijado en 532,31 euros al mes en 2012) y un año de empadronamiento.

Los irregulares en Castilla y León formarán parte de un registro de "asegurados especiales" y se les facturará el servicio, para lo que se les facilitará la suscripción del convenio de atención previsto por el Ministerio.

En los casos que no haya convenio, se remitirá la factura a sus países y, en última instancia, al propio paciente, aunque la Administración asume que quedarán como impagados.

En Aragón también asumirán en última instancia el pago de aquellos inmigrantes irregulares, cuyos países no tengan firmados acuerdos y no puedan afrontarlo, tras la comprobación de los correspondientes servicios sociales.

Los médicos valencianos, según ha relatado el presidente del sindicato en la comunidad, Andrés Cánovas, han recibido un escrito de la Consellería en el que se comunica que están obligados a dar asistencia a todos los inmigrantes, tengan o no papeles.

Otras comunidades, como Castilla-La Mancha, siguen atendiendo con normalidad a todas las personas que acuden a los centros y están a la espera de que el Gobierno les remita el listado de los números de tarjeta sanitarias que deben ser dadas de baja.

El Servicio Cántabro de Salud retirará la próxima semana la tarjeta sanitaria a 4.923 extranjeros y ya está trabajando el Gobierno autonómico en la firma de convenios especiales en materia sanitaria con los países de procedencia.


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