Escúchenos en línea

Gobierno mexicano persigue a defensores de centroamericanos

Agencia AFP. Desde Ciudad de México. | 20 de Abril de 2007 a las 00:00
Las autoridades mexicanas iniciaron una campaña de acoso y criminalización contra los activistas defensores de los inmigrantes, incluidas asociaciones católicas, denunciaron varias organizaciones no gubernamentales (ONG's). "Continuamente estamos siendo acosados por el Instituto Nacional de Migración, junto con las policías estatales y municipales", denuncia María Eugenia Trillo, de la asociación Misioneros de Escalabrini, que ofrece asistencia a los migrantes y gestiona albergues de acogida. "Actualmente constatamos un endurecimiento de las políticas y una criminalización de los que ofrecen ayuda humanitaria a los migrantes", coincide el sacerdote Heyman Vázquez, a cargo de un albergue para inmigrantes en Arriaga, en el estado de Chiapas (sureste), fronterizo con Guatemala. Estas acusaciones son respaldadas por diversas organizaciones civiles como Amnistía Internacional, que lamentó "la criminalización hacia las personas migrantes, pero también a las personas que les ayudan en su camino", dijo Diana Martínez, portavoz en materia de migración de la ONG internacional en México. Dichas asociaciones denuncian desde obstáculos para ingresar a las estaciones migratorias (centros de detención de inmigrantes) hasta la detención e incluso condena de activistas. El caso que tuvo más repercusión fue el del sacerdote católico Alejandro Solalinde Guerra, que dirige un albergue en el estado de Oaxaca (sur) y que fue brutalmente golpeado y detenido durante varios días sin cargos, al intentar defender de una agresión policial a un grupo de inmigrantes que protestaba por el secuestro de varios compatriotas. Sin embargo, Martínez también recuerda la situación de una señora que ofreció alimentos a inmigrantes y que "actualmente está en la cárcel purgando una condena de seis años" acusada de tráfico de personas. Como consecuencia, explica, "la comunidad que les ofrecía apoyo (a los inmigrantes) y alimentación, ha dejado de hacerlo porque de un día para otro pueden llegar, meterlos a la cárcel y darles una sentencia". Iliana Rubalcaba, asesora legal de los Misioneros de Escalabrini, agrega el "saqueo" que sufrió uno de los albergues de esta asociación en Veracruz (este) por parte de personal del Instituto Nacional de Migración. "No entendemos las agresiones a los defensores de migrantes. ¿Acaso no hay Estado de derecho para estos defensores? ¿Por qué se les persigue y por qué se les ponen falsos testimonios? ¿Por qué se les agrede?", se pregunta. Karina Arias, de Sin Fronteras, también lamenta que desde finales de 2006 "se inició una reforma a las normas de funcionamiento para las estaciones migratorias, que van muy en el sentido de limitar el acceso de las organizaciones civiles". Esta ONG ofrece desde hace seis años pláticas sobre derechos humanos a las mujeres inmigrantes detenidas y servicios legales y asesorías gratuitos para evitar las violaciones a las garantías jurídicas de los inmigrantes en los procesos de expulsión. Esta política "no solo es una violación a nuestro derecho como organizaciones de monitorear la situación de los derechos humanos en las instalaciones, sino también al derecho a la defensa que los propios migrantes tienen", asegura Arias. Rubalcaba achaca este acoso al desconocimiento de las nuevas autoridades migratorias nombradas por el presidente Felipe Calderón sobre la labor de las organizaciones civiles y la legislación en la materia. "No saben quiénes somos ni qué hacemos", afirma. México detuvo en 2006 a 182.715 migrantes indocumentados, la mayoría de origen centroamericano, un 23% menos que los 240.269 de 2005, según datos oficiales. Cada año cientos de miles de centroamericanos ingresan a México de forma ilegal por la frontera con Guatemala, la mayoría con la intención de llegar a Estados Unidos.

Descarga la aplicación

en google play en google play