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Indocumentados con mucha esperanzas para legalizar status

EEUU. El Sol de Yakima. | 25 de Octubre de 2012 a las 19:12

Isis Acevedo ofrece una oración antes de entregarle un sobre a un trabajador del correo postal de Yakima. La muchacha pone su fe en Dios y en el gobierno federal.

El sobre fue enviado a una oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) en Chicago y contiene copias de los expedientes académicos, registros de vacunación y otros que ayuden a probar su identidad.

"Me gustaría entregarlo y preguntar si pueden revisarlo [en ese momento], sólo quiero saber la respuesta", dijo Acevedo, de 23 años de edad y reciente graduada de la Universidad del Centro de Washington.

Luego de muchos años de ocultar su estatus legal en el país, Acevedo, tratará de probar a la agencia que supervisa las aplicaciones de ley en inmigración en los Estados Unidos, que es una inmigrante indocumentada.

Acevedo, es la primera de tres hermanos que solicita poder beneficiarse del programa federal de Acción Diferida para Arribo de Menores o DACA, establecida en junio último, como una orden ejecutiva establecida por el presidente Barack Obama.

La joven sueña ser una de casi 1,4 millones de personas que podrían beneficiarse del programa, el cual, elimina la amenaza de deportación en jóvenes inmigrantes indocumentados que reúnen ciertas condiciones.

Cientos -tal vez miles- de jóvenes inmigrantes indocumentados que residen en el Valle de Yakima, están buscando beneficiarse de ese nuevo estatus migratorio, el cual, tiene el potencial de sacarlos de la oscuridad y permitirles ser miembros activos de la sociedad.

Acevedo ha trabajado en el campo durante los veranos, recogiendo cerezas junto a sus hermanos para así ahorrar dinero y poder asistir a la universidad.

"Estoy un poco nerviosa", dijo momentos después de enviar los documentos por correo -que de ser aprobados-, le permitirá comenzar a ejercer una carrera en el área de servicio social. "Se siente bien. Puedo sentirlo en mi estómago. Siento como si tal vez todo mi trabajo va a ser recompensado".

Documentando a indocumentados

Es incierto el tiempo que Acevedo y otros jóvenes como ella, tendrán que esperar para saber si su solicitud fue aprobada y puedan trabajar legalmente en el país. No obstante, Matt Adams, director jurídico de la Northwest Immigrant Rights Project en Seattle, estima que el trámite podría tomar entre seis y diez meses.

Acevedo, ostenta una maestría en Trabajo Social otorgado por la Universidad de Washington.

"Sólo quiero trabajar", dijo.

Mientras muchos jóvenes indocumentados y simpatizantes celebran la llegada de la Acción Diferida, sus críticos sostienen que la regulación de Obama ofrece beneficios a quienes no lo merecen: personas que entraron al país de forma no autorizada o cuyas visas expiraron, incluso, cuando estos fueron traídos por sus padres siendo menores de edad.

"Boo hoo. Lo siento", dijo Bob West, líder de Grassroots del Valle de Yakima, un grupo local que favorece el sistema de fronteras seguras y se opone a la inmigración ilegal.

"Usted debe pagar por los pecados de su padre. De lo contrario, está animando a otros padres a cometer más pecados", dijo West.

A diferencia del programa de Desarrollo, Alivio y Educación para Menores Extranjeros, o DREAM Act que ofrece camino a la ciudadanía estadounidense, la Acción Diferida, sólo otorga un número de Seguro Social y un permiso de trabajo renovable por dos años.

Sin embargo, eso no apacigua a opositores como West, quien afirma que la medida es una "amnistía general".

"[Entiendo] que no es ciudadanía, pero [tiende a incrementar]; es alentador para quienes buscan llegar acá de manera ilegal. No lo detiene", dijo West. "Cuando se recompensa el mal comportamiento, se obtiene más de lo mismo", subrayó.

Sandi Belzer Brendale, quien ha estado involucrada en el centro de derecho de causas políticas en el Valle de Yakima, tiene una opinión similar a la West a excepción de castigar a los hijos de los inmigrantes indocumentados.

"Tengo una gran simpatía por los niños. Honestamente, creo que sería cruel enviarlos de regreso", dijo. "Ellos no tuvieron otra opción", agregó.

"Sin embargo", dijo Belzer Brendale, "no tengo ningún problema en enviar de regreso a sus padres. Ellos si podían tomar decisiones. Y han transgredido la ley, con conocimiento", añadió.

Según cifras de la Northwest Immigrant Rights Project, el nuevo programa podría beneficiar a casi 30,000 jóvenes inmigrantes de Washington.


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