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Alcalde texano pide a ciudadanos anular ordenanza contra inmigrantes

LaVoz.com. Desde Farmers Branch, Texas. | 9 de Mayo de 2007 a las 00:00
El alcalde de Farmers Branch, la primera ciudad de Texas en prohibir a los caseros que alquilasen viviendas a los indocumentados, está pidiendo a los votantes que anulen la ordenanza. Es la primera vez que el alcalde Bob Phelps ha adoptado una posición pública contra la medida, que fue aprobada en noviembre y derivó en demandas judiciales y en denuncias de grupos de defensa de los derechos civiles, residentes, propietarios de viviendas y empresarios. Los votantes en este suburbio de Dallas deberán decidir el sábado si rechazan o aprueban la prohibición de alquilar viviendas a indocumentados. Phelps, el ex alcalde David Blair y el ex administrador de la ciudad, Richard Escalante, firmaron una petición oponiéndose a la medida. "La ciudad no debe gastar millones de dólares de los contribuyentes para defender una ordenanza ineficaz que posiblemente nunca sea promulgada", dijo la carta. "Hay mejores formas de lidiar con esta situación y mejores maneras de invertir el dinero en nuestra comunidad". Documentos examinados por The Associated Press indican que la ciudad pagó casi 262.000 dólares en honorarios legales vinculados con demandas por parte de sectores opuestos a la medida _en su mayor parte dinero de los contribuyentes_ a lo largo de marzo. Y se espera que los costos suban. Miembros del concejo municipal aumentaron el mes pasado el presupuesto de la ciudad para gastos legales a 444.000 dólares. Tim O'Hare, el concejal que impulsó la aprobación de la norma, dijo que la ciudad tiene dinero para enfrentar las demandas, y que muchos vecinos están disgustados porque el alcalde se opuso. "Yo respeto a todos y el derecho de cualquiera a expresar sus sentimientos. Es parte del proceso democrático. Pero me gustaría que conocieran los hechos", dijo el edil. Más de 90 ciudades o condados han propuesto, aprobado o rechazado leyes que prohiben a los caseros alquilar viviendas a indocumentados, sancionando empresas que emplean a inmigrantes ilegales, o adiestrando a la policía para que persiga a los indocumentados. La aprobación de tales ordenanzas ha generado críticas, manifestaciones públicas y demandas en Valley Park, Misurí; Riverside, Nueva Jersey; Escondido, California, y Hazleton, Pensilvania.

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