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Centros de detención privados para ilegales en EEUU son negocio redondo

EEUU. eldiario.com.uy | 15 de Febrero de 2013 a las 16:53

La reforma migratoria que impulsa el gobierno del presidente Barack Obama en Estados Unidos, tendría una gran influencia en el millonario negocio de los centros de detención privados para indocumentados, un "gran" negocio que comenzó en 2005.

Para este ejercicio de gobierno, se ha destinado un presupuesto federal de US$ 2.000 millones que financiarán la custodia de inmigrantes a través de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), que controla a su vez unos 240 centros de detención privados, repartidos en tres empresas.

Durante 2011, el ICE –que depende del Departamento de Seguridad Nacional-, detuvo una cifra record de 429.000 inmigrantes, en una escala progresiva que ha permitido que la cartera de ingresos federales de estas empresas se duplique desde 2005.

La firma que lidera este mercado es Correction Corporation of America (CCA); le sigue de cerca Geo Group, y ambas han visto incrementados sus beneficios desde 2005, cuando la administración de George Bush hijo instituyó una directiva para la detención obligatoria de inmigrantes que entran en forma ilegal a Estados Unidos.

CCA y Geo Group facturaron en conjunto más de US$ 3.000 millones durante 2012, y un 40% de esos ingresos provino del gobierno federal.

El gobierno de Obama mantiene la "industria" iniciada en 2005, lo que ha permitido un rápido crecimiento de los beneficios, a la par del incremento de internos y camas disponibles en centros privados como el de Eloy en Arizona, uno de los de más rápido crecimiento en todo Estados Unidos.

Las corporaciones no desean involucrarse en el debate político sobre inmigración en forma pública, pero es conocido que son grandes contribuyentes de las campañas políticas de los republicanos, además de gastar importantes montos de dinero para influir en funcionarios estatales y federales.

CCA gastó entre 2011-12 unos US$1,8 millones, por encima del millón de dólares de 2009-10, mientras que GEO Group volvió a rozar su récord de gasto en labores de "lobby" en 2009-10 con unos US$ 900.000, según datos cruzados de OpenSecrets y Sunlight Foundation.

El mayor nivel en gasto para relaciones públicas con legisladores se registró casualmente en ambas compañías en 2005-2006, con más de US$ 5 millones gastados por CCA y los US$ 900.000 de GEO Group.

El consejero delegado de CCA, Damon Hininger, manifestó que "ICE ha dicho que va a haber demanda para camas (para detenidos), por las labores que realizan en el interior y la frontera, como aquellos que liberan de prisiones estatales y deben ser deportados; siempre habrá demanda fuerte sin importar lo que resulte de una reforma migratoria, aunque es muy pronto pasa asegurarlo".

Hininger recordó que "el perfil del inmigrante puede cambiar de aquellos que han sido detenidos por cruzar ilegalmente a otros con delitos que deben ser deportados, pero el flujo se mantendrá previsiblemente".

Pero un portavoz de CCA matizó a Efe esas declaraciones pensadas para inversores y aseguró que la compañía no "escribe borradores de leyes y no presiona de ninguna manera para promover legislación para la detención".

Por su parte, una portavoz del ICE aseguró a Efe que la labor de la agencia federal es hacer cumplir las leyes, asegurarse de que se trata adecuadamente a los detenidos y ahorrar costo a los contribuyentes.

En este sentido, son varias las organizaciones no gubernamentales que están preocupadas por la situación del actual debate migratorio, con la garantía de otorgar un camino hacia la ciudadanía, pero reforzando el control de la frontera y el cumplimiento de las leyes, algo que han respaldado demócratas y republicanos.

Emilie Tucker, directora de políticas de Detention Watch Network, dijo que su mayor preocupación es saber si "se va a proveer una vía a la regularización a cambio de mayor control policial y detenciones más largas y deportaciones".

Tucker recuerda que para las empresas privadas el asunto migratorio "es un buen mercado, como dicen a sus inversores". "El gobierno justifica estos contratos porque asegura que ahorra, pero no tenemos pruebas y la entrada de actores privados hace que haya intereses particulares. Eso nos preocupa".

"Pedimos a Barack Obama que derogue la detención obligatoria de indocumentados (de 2005) y se acabe con los abusos en esos centros de detención que cuestan al ciudadanos 160 dólares por interno al día", denuncia Tucker.


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