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Latinos quieren bloquear norma contra ilegales en Texas

LaVoz.com. Desde Dallas, Texas. | 16 de Mayo de 2007 a las 00:00
Activistas latinos y partidarios de la defensa de las libertades civiles pidieron el martes a un juez federal que bloquee una ordenanza que prohibe a los caseros alquilar apartamentos a inmigrantes ilegales en Farmers Branch, un suburbio de Dallas. La Defensa Legal Mexicano-Estadounidense y el Fondo Educativo, así como la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por las siglas en inglés de American Civil Liberties Union), que ya han entablado una demanda contra la ciudad, reclamaron ante una corte de distrito una orden temporal de prohibición de la norma. La ordenanza, que debe entrar en vigencia el próximo martes, exige a gerentes de edificios verificar si los potenciales inquilinos son ciudadanos estadounidenses o inmigrantes legales antes de alquilarles una habitación. Quienes violen la ordenanza deberán pagar una multa de hasta 500 dólares. Es lamentable que los residentes de Farmers Branch hayan optado por implementar una ley que no sólo es mala, sino posiblemente inconstitucional, dijo Lisa Graybill, directora legal de ACLU en Texas. Ahora el asunto deberá ser resuelto en una corte federal. Miembros de la municipalidad de Farmers Branch aprobaron la prohibición en noviembre sin someterla a discusión alguna. Luego la revisaron en enero para incluir exenciones a menores, ancianos, y algunas familias donde uno de los miembros es ciudadano estadounidense. El sábado, los residentes aprobaron la ordenanza con un abrumador respaldo del 68%, según resultados extraoficiales. El concejal Tim OHare, principal defensor de la ley, dice que la economía de la ciudad y la calidad de la vida mejorarán si los ilegales no pueden alquilar apartamentos en el área. OHare se negó el martes a formular declaraciones. Desde 1970, Farmers Branch se transformó de una pequeña comunidad de mayoría blanca, con una declinante población, en una ciudad de 28 mil habitantes, de los cuales, un 37% son latinos, de acuerdo a la Oficina de Censos de Estados Unidos. Farmers Branch ya encara cuatro demandas de grupos de defensa de los derechos civiles, de residentes, propietarios de edificios y empresarios. En las demandas se señala que la ordenanza es discriminatoria y coloca a los caseros en la precaria posición de convertirse en agentes del servicio de inmigración y naturalización. Los abogados señalan que la ordenanza intenta regular la inmigración, un deber exclusivo del gobierno federal.

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