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En juego el futuro de 12 millones de indocumentados

Agencia PL y Radio Nederland. Desde Washington. | 21 de Mayo de 2007 a las 00:00
El debate de la propuesta de reforma migratoria en el Senado estadounidense que ha iniciado este lunes, muestra los intereses detrás de un asunto que moviliza a millones de electores de cara a los comicios presidenciales de 2008. La iniciativa surge del consenso entre congresistas republicanos y demócratas y cuenta además con el apoyo del presidente George W. Bush. Sin embargo, miembros de los dos partidos anunciaron que introducirán modificaciones al texto original. En ambos extremos del espectro político nacional el proyecto generó insatisfacciones, por un lado, los grupos más conservadores rechazan la idea de legalizar a millones de indocumentados, mientras por el otro buscan conceder mayores derechos a los inmigrantes. Un editorial del diario The New York Times comentaba el domingo que la propuesta bipartidista presenta grietas desde el mismo momento de su concepción, porque intenta contentar a todos y al final termina sin satisfacer a nadie. En el afán mediador, los legisladores obviaron respetar valores tradicionales como el mantenimiento de la unidad familiar, y dejaron brechas burocráticas que pueden facilitar la aparición de un sistema moderno de peonaje, refieren los políticos de tendencia liberal. La comunidad de inmigrantes percibe el proyecto como el primer paso para resolver los problemas de millones de indocumentados, pero consideran que el texto debe sufrir modificaciones antes de su aprobación. Muchos abogados aconsejaron a familiares y defensores de los extranjeros residentes en el país para que sigan de cerca el debate y estén prestos a realizar manifestaciones públicas en favor de una reforma beneficiosa para sus intereses. Los conservadores, en cambio, alegan que la asimilación de los trabajadores extranjeros resquebrajará la identidad de la nación norteamericana, y critican a los políticos republicanos por doblegarse ante los inmigrantes.

La extrema derecha en acción

En Estados Unidos hay aproximadamente 12 millones de inmigrantes ilegales. Una coalición de senadores, tanto republicanos como demócratas, ha llegado a un acuerdo con el presidente norteamericano, George Bush, para resolver el problema de la inmigración ilegal. Sin embargo, no es seguro que este compromiso sea viable. Muchos norteamericanos que viven junto a la frontera con México hablan de una crisis de inmigración. Desde hace años, el presidente Bush intenta controlar esta crisis, pero él es consciente de que los 12 millones de inmigrantes ilegales que viven en Estados Unidos no se podrán controlar únicamente con medidas draconianas como redadas, altas penas de cárcel y murallas. Son, sobre todo, los partidarios republicanos de Bush quienes impiden la introducción de una política de inmigración más matizada. Hasta ahora los republicanos han obstruido cualquier propuesta que ofrecía a los ilegales la posibilidad de obtener un permiso de residencia y, al cabo de unos años, la ciudadanía estadounidense. Se argumentaba que esas medidas constituían una amnistía. Sin embargo, el senador republicano, Arlen Spenter, niega que esta nueva propuesta sea una ley de amnistía. El senador señala que si no se introduce una nueva ley, estallará una anarquía. Specter es uno de los senadores republicanos más moderados, que el pasado viernes anunciaron, junto a colegas demócratas, una nueva propuesta de ley, que también sería aprobada por el presidente Bush. Si no se introduce una nueva ley, dice Specter, continuará la situación de anarquía en las fronteras y en aquellos sectores de la economía que florecen gracias a la mano de obra barata, que se encarga de gran parte del trabajo sucio en Estados Unidos. Specter habló en nombre de la coalición de senadores que ha llegado a un acuerdo sobre una fórmula complicada para reformar el sistema de inmigración. En su alocución semanal, el presidente Bush puso de relieve que no se trata de un perdón general. Bush señaló que la intensa vigilancia de la frontera, incluidos los cientos kilómetros de muro, seguirá siendo prioridad. El presidente enumeró las condiciones que deben cumplir los ilegales, antes de poder ser considerada su solicitud para obtener un permiso de residencia: tendrán que pagar una multa, someterse a una investigación de antecedentes penales, hablar ingles y tener un empelo fijo. Bush dijo que, si después de lograr el permiso de residencia, el inmigrante quiere conseguir la ciudadanía, tendrá que pagar nuevamente una multa y volver a su país de origen para esperar su turno. Las multas ascenderán a 5.000 dólares por persona y el procedimiento total podría durar unos 8 años. Cabe preguntarse si muchos de esos 12 millones de indocumentados tendrá los medios financieros y el valor para salir de la ilegalidad bajo todas esas condiciones. El presentador de programas de radio, Don Cheto, en Los Ángeles una voz importante de la población para los inmigrantes, califica la propuesta de ley como un primer paso positivo. Según Don Cheto, es el resultado de las masivas manifestaciones y huelgas de ilegales, hace un año. Si el ala derechista del Partido Republicano logra presentar la propuesta como una ley de amnistía, es posible que no exista la mayoría necesaria en el Senado y mucho menos en la Cámara de Diputados, donde gran parte de los diputados intentará beneficiarse electoralmente del resentimiento entre los ciudadanos contra los inmigrantes indocumentados.

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