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Utah gasta millones de dólares al año en educación de indocumentados

Agencia EFE. Desde Salt Lake City, Utah. | 23 de Mayo de 2007 a las 00:00
El auditor del Legislativo de Utah informó que ese estado gasta entre 55 millones y 85 millones de dólares al año por brindar educación pública a alumnos indocumentados. Según Tim Osterstock, a Utah le cuesta de 100 a 500 dólares más por estudiantes indocumentados que lo que paga por alumnos que son ciudadanos o residentes legales de los Estados Unidos. Osterstock presentó un documento de 20 páginas, titulado "Una revisión del costo de la educación pública de niños indocumentados", en el que puntualiza que la variación en los gastos surge de no saber con exactitud cuántos indocumentados asisten a las escuelas de Utah. La oficina del auditor calcula que en Utah residen de 11.000 a 17.000 niños indocumentados, o cerca del tres por ciento de la población estudiantil total en base a que en Utah viven de 75.000 a 100.000 indocumentados, y que aproximadamente un 15 por ciento de ellos está en edad escolar. Además, Osterstock y su equipo establecieron que Utah desembolsa unos 4.900 dólares por año por cada alumno de jardín de infantes a octavo grado, o 5.500 dólares anuales para estudiantes de noveno a doceavo grado. Este costo no incluye fondos adicionales provistos por el Gobierno federal de hasta 800 dólares al año por alumno. Se calcula que un 65 por ciento de los estudiantes indocumentados de Utah está en jardín de infancia o en primaria, mientras que el otros 35 por ciento asiste a secundaria. A su vez, el reporte indica que este documento "no es un estudio comprensivo del impacto que tiene la presencia de residentes indocumentados en la economía total de Utah", sino que sólo se concentra en el costo de los dos programas académicos con mayor participación de estudiantes indocumentados: clases de inglés como segundo idioma y ayuda para familias de bajos recursos. Por eso mismo, el informe no incluye "el costo de educar a los niños ciudadanos (estadounidenses) que son hijos de padres indocumentados", ni tampoco el costo de "servicios estatales relacionados", como emergencias médicas. Por otro lado, el informe reconoce que existen "beneficios potenciales a corto y largo plazo" asociados con la educación y la presencia de niños y adultos indocumentados, como, por ejemplo, las contribuciones impositivas de esas familias. Sin embargo, esos beneficios no se tuvieron en cuenta en el reporte. Osterstock concentró su análisis en cinco distritos escolares de Utah, Granite, Ogden, Provo, Salt Lake y Tooele, en los que se concentra un 80 por ciento de los alumnos inmigrantes. "Como resultado (de los cálculos realizados y la metodología seguida), creemos que el Legislativo de Utah adjudica entre 54,9 millones a 85,4 millones en gastos para la educación pública de niños indocumentados es razonable", concluye el documento. El reporte fue solicitado por la senadora estatal Margaret Dayton (R-Orem), en enero de este año, como parte del debate en Legislativo local sobre proyectos de ley para reducir servicios y beneficios para inmigrantes indocumentados. Dayton se ha opuesto en contra de matrículas universitarias reducidas a hijos de indocumentados. Sin embargo, dijo, pidió la auditoría "por motivos educativos, no por temas de inmigración". Tony Yapias, presidente del Proyecto Latino de Utah, consideró que el reporte es "una nueva forma de intimidación" ya que, cualquiera que sea el resultado y el costo estimado, "por ley federal la educación primaria y secundaria le corresponde a todos".

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