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Sacuden a reforma muertes en frontera

Washington. The New York Times. | 29 de Junio de 2013 a las 11:39

Mientras las piedras lanzadas desde México caían sobre los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos una noche de octubre, al menos uno de ellos desenfundó la pistola y disparó hacia el otro lado de la frontera, dándole 11 veces a un adolescente, siete en la espalda.

El chico, José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años, cayó y murió sobre bloques cuarteados de la acera frente a su casa, bajo un letrero que decía: "Emergencias médicas". La Policía en Nogales, México, informó que sólo cargaba un teléfono celular.

El tiroteo no fue un caso aislado. Fue una de al menos 15 personas asesinadas por agentes de la Patrulla Fronteriza en el suroeste desde enero de 2010, y esas muertes son una sacudida al delicado equilibrio de soberanía y seguridad que subyace en un debate binacional sobre la reforma migratoria.

Esos disparos -a veces durante confrontaciones que comenzaron con ataques contra los agentes, y otras en circunstancias menos claras- han reafirmado las críticas contra los agentes y funcionarios de aduanas que operan a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

Legisladores, defensores de los derechos civiles y las familias de las víctimas en ambos países, preocupados por lo que ven como falta de supervisión y rendición de cuentas, han planteado enconadas exigencias para recibir respuestas. De las 15 víctimas, José Antonio fue una de las 10 que eran mexicanas, seis de las cuales murieron en México, derribadas por balas que dispararon agentes en Estados Unidos.

Desde enero de 2010, no se ha acusado penalmente a un solo agente en casos de uso letal de la fuerza, y la dependencia no quiso decir si se habían tomado medidas disciplinarias.

Se intensificó el escrutinio el año pasado, cuando el inspector general en funciones del Departamento de Seguridad Interna, Charles K. Edwards, empezó la revisión de las políticas que rigen el uso de la fuerza en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, de la cual depende la Patrulla Fronteriza.

Actuó a instancias de una carta firmada por 16 congresistas estadounidenses en la que critican el "comportamiento atroz" de los agentes en San Diego, donde murió un hombre bajo su custodia en 2010, después de que lo paralizaron varias veces con una pistola eléctrica, cuando tenía las manos inmovilizadas en la espalda. Los signatarios cuestionaban si el incidente era "parte de un problema cultural más general".

Aún está en curso la revisión.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza también comisionó un análisis para buscar situaciones en las que sus agentes hubiesen disparado armas o usado la fuerza de alguna otra forma. Un portavoz de la dependencia dijo que se están revisando los hallazgos, mismos que todavía no se hacen públicos.

En una sola página, la larga iniciativa de ley sobre inmigración que está a debate en el Senado proporciona la respuesta más concluyente a esas inquietudes, hasta ahora.

En la Sección 1111, mandata que el Departamento de Seguridad Interna y la división de derechos civiles del Departamento de Justicia diseñen políticas nuevas sobre cómo y cuándo reportar acciones de uso de fuerza, investigar quejas y disciplinar a los agentes, en un esfuerzo por aclarar y hacer más estricta la normatividad.

Es frecuente que la tarea de investigar a los agentes en esos casos recaiga en el departamento local de policía. "Se han dado algunos incidentes desafortunados en el pasado, y queremos asegurarnos de hacer todo lo que podamos para reforzar la seguridad y evitar que vuelvan a suceder", dijo en entrevista el senador demócrata por Illinois, Richard J. Durbin, quien propuso la Sección 1111.

La versión más reciente del manual para el uso de la fuerza de la Oficina de Protección Fronteriza, de 2010, dice: "Sólo se podrá usar la fuerza que sea tanto razonable como necesaria en cualquier situación dada".

El significado de "razonable", no obstante, ha sido un punto de discusión para las familias y los defensores de las víctimas de los tiroteos, así como el tema de fuertes discusiones en los círculos diplomáticos mexicanos.

Muchos de los casos que terminaron en tiroteos fatales comenzaron cuando les lanzaron piedras a los agentes. En el año que concluyó en septiembre, la Patrulla Fronteriza registró 249 ataques con piedras a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

Agentes que trabajaban ahí, donde sólo una valla divide a centros urbanos de mucho movimiento a ambos lados, dijeron que es frecuente que los policías en México hagan muy poco para detener los ataques o para atrapar a los atacantes.

Shawn Moran, el vicepresidente plenipotenciario del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, el sindicato que representa a 17,000 agentes, dijo que a veces es necesaria la fuerza.

"Cuando está amenazada la vida, cuando está amenazado el bienestar, y cuando corren peligro de sufrir graves daños corporales, las políticas sobre el uso de la fuerza les permiten defenderse", dijo en una entrevista.

"Cuando ves la cantidad de aprehensiones que tenemos cada año, el número de incidentes de uso de fuerza es minúsculo".

Hubo casi 357,000 capturas de inmigrantes en la frontera o cerca de ella en 2012.

La embajada mexicana en Washington criticó en una declaración los tiroteos por considerarlos "una fuerza mortal desproporcionada" al señalar: "Desafortunadamente, en los últimos años, los resultados de las investigaciones no han tenido como consecuencia ni siquiera la acusación de los agentes" que participaron en los tiroteos fatales "o que, incluso, dispararon contra territorio mexicano".

Un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza señaló que se permite a los agentes utilizar fuerza letal para contrarrestar amenazas a ambos lados de la frontera.

La Oficina tiene un procedimiento para la investigación de las quejas cuando se utiliza fuerza letal contra ciudadanos estadounidenses, residentes legales y titulares de visas en los puertos de entrada. "No toleramos el mal comportamiento ni el abuso dentro de nuestras filas", dijo el portavoz.

Investigaciones pendientes

Son pocas las veces en las que las familias de las víctimas se enteran del nombre de los agentes involucrados en los tiroteos fatales, o el tipo de disciplina que encararon como resultado de esos encuentros.

Los parientes de Carlos la Madrid, de 19 años, un ciudadano estadounidense asesinado el 21 de marzo de 2011, cuando trepaba por una escalera de mano colocada contra el muro fronterizo en Douglas, tratando de cruzar a México, tuvieron que conseguir una orden judicial para averiguar el nombre del agente que le disparó para entregarle documentos legales, informó el periódico The Arizona Daily Star de Tucson.

Las autoridades dijeron que La Madrid no estaba armado y llevaba consigo 48 libras de mariguana en su camioneta. Aún continúa la indagatoria.

El 3 de septiembre, un agente mató de un disparo a Guillermo Arévalo Pedroza, cuando estaba en una barbacoa familiar junto al río Bravo en Nuevo Laredo, México.

El agente, quien en una lancha perseguía a un hombre que trataba de nadar a Estados Unidos, dijo que les había disparado a personas que le lanzaban piedras. Continúa la investigación.

Desde su ordenada casa rodante Nogales, Taide Elena, de 63 años, espera tener respuestas sobre el asesinato de su nieto José Antonio. Ningún investigador ha llegado a hablar con ella, contó, así es que ha tratado de descifrar lo que pasó a partir de los informes policiales y de la autopsia.

Elena, residente estadounidense legal, quien limpia casas para ganarse la vida, dijo que ni siquiera sabe si fue uno o más los agentes que dispararon las balas que mataron a su nieto.


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