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Defensores de DDHH de inmigrantes denuncian amenazas

MiPunto.com. Desde ciudad México. | 1 de Junio de 2007 a las 00:00
Los defensores de los derechos humanos en México sufren cada vez más delitos de amenazas y presiones en su contra, algunas seguidas por agresiones o condenas judiciales, tanto por parte de las autoridades como de otros grupos de poder, denunciaron. Representantes de diversas organizaciones civiles, de la Iglesia Católica y la ONU reiteraron en un seminario internacional en la Ciudad de México su preocupación por esta situación y denunciaron la pasividad de las autoridades para esclarecer estos delitos. Naciones Unidas "ha recibido 19 comunicaciones individuales de defensoras y defensores de derechos humanos radicados en México alegando haber sufrido amenazas y ataques en contra de su derecho a defender los derechos de los demás", afirmó en el seminario el relator especial para los Derechos Humanos en México, Amérigo Incalcaterra. "Incluso en tres de los casos los defensores han sido privados de la vida", añadió. Las organizaciones dedicadas a apoyar a los cientos de miles de inmigrantes indocumentados centroamericanos que cada año atraviesan México para llegar a Estados Unidos llevan semanas denunciando un endurecimiento de la acción policial en su contra. "Actualmente constatamos un endurecimiento de las políticas y una criminalización de los que ofrecen ayuda humanitaria a los migrantes", lamentó hace un mes el sacerdote Heyman Vázquez, a cargo de un albergue para inmigrantes en el estado de Chiapas (sureste), fronterizo con Guatemala. El propio Vázquez denunció que poco después de estas declaraciones la Procuraduría General de la República (PGR) le estuvo investigando por una denuncia en su contra por tráfico de inmigrantes realizada de forma anónima por internet, aunque finalmente el caso fue cerrado. No corrió la misma suerte una mujer de 47 años de un pueblo de Querétaro (centro) que en su casa, situada cerca de las vías del tren donde viajan colgados cientos de inmigrantes centroamericanos, les ofrecía alimentos y que ha sido condenada a seis años de prisión acusada de tráfico de personas. Otro sacerdote, Alejandro Solalinde Guerra, que dirige un albergue para inmigrantes indocumentados en el estado de Oaxaca (sureste), fue golpeado por la policía y detenido durante varios días sin cargos en enero, al intentar defender de una agresión policial a un grupo de inmigrantes que protestaba por el secuestro de varios compatriotas. El Instituto Nacional de Migración incluso ha instaurado medidas que obstaculizan la entrada de las ONG en los centros donde los indocumentados esperan su deportación argumentando de que a veces se cuelan entre los defensores traficantes de personas. En su último informe anual, en el capítulo referido a México, la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) denunció que "continuaron los informes de intimidación y hostigamiento judicial de defensores y defensoras de los derechos humanos en varios estados". AI lamentó que en diciembre el conservador "Felipe Calderón, juró su cargo como presidente, sin contraer un compromiso claro de fortalecer la protección de los derechos humanos". El sacerdote Raúl Vera, de la diócesis de Saltillo (norte), que se ha convertido en un personaje paradigmático en la defensa de los derechos de los más desfavorecidos, indicó que esta acción de acoso por parte de las autoridades se extiende a otras organizaciones civiles. "Ya no son precisamente los defensores de los derechos humanos desde las instancias de derechos humanos los que están padeciendo las consecuencias del acoso, sino son líderes de todo tipo, líderes sociales", dijo en el seminario internacional "El derecho a defender los derechos humanos y la libertad de expresión". El religioso puso el ejemplo del líder una organización campesina que protagonizó duros choques con la policía el año pasado en la localidad de San Salvador Atenco y que fue sentenciado a 67 años, "comparado con los 13 añotes del Chapo Guzmán", considerado el narcotraficante más peligroso del país, que en 2000 se fugó de la cárcel tras siete años de condena. Vega denunció también que las viudas de los 63 mineros cuyos cuerpos siguen desaparecidos desde que explotó la mina en que trabajaban en el estado de Coahuila (norte) en febrero de 2006 "están siendo hostigadas" por exigir el rescate de los cadáveres y el castigo a los responsables del accidente. El propio Vega ha recibido amenazas y ha sido acosado por su apoyo a un grupo de 13 prostitutas que fueron violadas en grupo por una veintena de soldados.

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