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Un pueblo de New York ratifica indemnización a jornaleros latinos

Agencia EFE. Desde New York. | 13 de Junio de 2007 a las 00:00
El pueblo de Mamaroneck en Nueva York ratificó un acuerdo que le obliga pagar 550,000 dólares al Fondo Legal y Educativo Puertorriqueño por los gastos de un litigio en defensa de un grupo de jornaleros que era discriminado y acosado por la policía. La Junta de Administradores de este pueblo, a 23 millas (37 kilómetros) al norte de Nueva York, se reunió el martes y dio el visto bueno al acuerdo entre las partes, tras la decisión de una corte el pasado noviembre, de que la localidad de Mamaroneck discriminó en contra de un grupo de jornaleros latinos al cerrar el lugar donde se reunían en espera de ser contratados. En abril del año pasado la ciudad cerró una zona en el parque Columbus donde los trabajadores acudían diariamente para evitar una demanda de un grupo de residentes que se había quejado por la presencia del grupo de jornaleros. Desde el martes, los jornaleros tienen un nuevo lugar para buscar trabajo, al ofrecerles una iglesia su terreno, mientras esperan por un trabajo, dijo a Efe César Perales, presidente fundador del Fondo, entidad que representó a los inmigrantes en el litigio. "Ellos perdieron el sitio donde se reunían antes, estaban en las calles y ahí fue que la policía los empezó a molestar. Les decían que no se podían parar ahí, no los dejaban hacer nada", recordó el abogado. Como parte del acuerdo, "los jornaleros se comprometieron a no hacer eso (estar en las calles) pero se reunirán en la propiedad de la iglesia, donde los contratistas irán y nadie les va a molestar. Ayer empezaron a reunirse en la iglesia, donde fueron unos seis u ocho y se espera que cada día vayan más". En su decisión, la jueza Colleen McMahon señaló además que desde 2004 y durante el pasado verano, la localidad de Mamaroneck inició una campaña con miras a expulsar a los jornaleros que se reunían en la calle en busca de trabajo y que el hecho de ser latinos fue un factor en la acción de la localidad. Como parte del acuerdo, la policía de la ciudad no podrá preguntar a los jornaleros su estatus migratorio ni discriminar en su contra y se le deberá reembolsar al Fondo los 550.000 dólares en gastos legales, lo que ahora deberá ser firmado por la jueza McMahon. Perales dijo que por no ser una corte de apelaciones la decisión de la jueza no tiene impacto en otras jurisdicciones, aunque espera que sirva de modelo a otros jueces que tenga este tipo de caso en su consideración. El abogado recordó que este tipo de casos ha proliferado en el país. Algunas localidades han intentado prohibir que se alquile vivienda o emplee a indocumentados y autorizar a policías locales a ejercer funciones de agentes de inmigración.

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