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Inmigrantes siguen siendo estafados en Texas

Texas. Agencias. | 2 de Enero de 2014 a las 17:03

Sara Salazar, abogada, y su marido, llegaron a Austin con visas de turismo y maletas hechas a última hora.

Con la esperanza de recibir ayuda para su caso de asilo, vieron un anuncio de la empresa Cristo Vive para Inmigrantes, ubicada en el Noreste de Austin.

Sin embargo, Salazar dijo que Jorge Sánchez, el fundador de la empresa, les dijo que no cumplían con los requisitos para pedir asilo.

Terminaron viviendo aquí ilegalmente durante cuatro años —él trabajaba en una pizzería mientras ella limpiaba casas y vendía repostería casera— antes de pedir ayuda a la clínica de inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas (UT).

Ahí, la codirectora y profesora Barbara Hines les dijo que Cristo Vive cometió un error que alteraría sus vidas para siempre. Les dijo que ella y su esposo en realidad sí cumplían con los requisitos de asilo, si hubieran postulado dentro del primer año posterior a su llegada a Estados Unidos.

"No lo podía creer", dijo Salazar. Sánchez "es muy amable, habla tan bien. La gente cree en él. Confiamos en él porque pensamos que era un abogado".

Pero Sánchez no es abogado y su empresa Cristo Vive tampoco tiene el reconocimiento del gobierno federal para representar a los inmigrantes en los tribunales. De hecho, desde hace dos décadas el Comité de Práctica Ilegal del Derecho de la Corte Suprema de Texas ha tratado de impedir que Cristo Vive proporcione ayuda legal a los inmigrantes, una saga que los críticos de Cristo Vive dicen que es muestra de las limitadas herramientas que tiene el estado para prevenir la asesoría legal de inmigración no autorizada.

Por su parte, Sánchez dice que es víctima de una guerra en su contra por abogados de la zona que se ven amenazados por el éxito que Cristo Vive ha tenido atrayendo clientes. Él dice que su firma ha ayudado a miles de personas desde su apertura en 1987.

"Tenemos a miles de personas que pueden asegurar que únicamente hemos hecho un buen trabajo", escribió Sánchez por correo electrónico. Sánchez dijo que él sólo actúa como asistente legal, bajo la supervisión de un abogado, e insistió en que Cristo Vive refiere los casos de asilo a abogados especializados en la materia. También negó que Cristo Vive aconsejara a algún cliente a no seguir adelante con el asilo.

El gobierno federal tiene reglas específicas sobre quiénes puedan representar a los inmigrantes ante las agencias federales: abogados con licencia y organismos acreditados por el gobierno federal y sus representantes acreditados.

La razón de estas estrictas reglas, explican los abogados, es que solicitudes o peticiones incorrectas pueden tener efectos devastadores, arruinando casos legítimos para solicitar la residencia y que, a veces, terminan en deportación.

"Cuando uno hace algo mal, realmente está perjudicando a alguien por ello", dijo Terri English, representante de inmigración acreditada y directora de la organización benéfica Immigration Counseling and Outreach Services.

El enigmático Sánchez, que se describe a sí mismo como políticamente conservador, cuyas convicciones religiosas lo habrían llevado a servir a los inmigrantes, ha luchado tenazmente contra los cargos que se le imputan, mientras sigue operando desde una oficina en un complejo de la calle Manor en Austin. Oriundo de la Ciudad de México, dijo que debido a la causa judicial, Cristo Vive ya no acepta nuevos clientes, sino que proporciona algunos servicios no jurídicos, como ayuda con los exámenes de ciudadanía.

Pero con el tiempo, las quejas contra la empresa han aumentado. La cónsul general de México, Rosalba Ojeda, dijo que el consulado recibe quejas periódicas sobre Cristo Vive de parte de ex clientes; alrededor de una queja al mes. "Con los años, han sido demasiadas", dijo Ojeda.

UNA LARGA HISTORIA

Cristo Vive tiene una larga historia en Austin desde 1987, cuando era una de las numerosas organizaciones avaladas por el gobierno para trabajar en medio de la avalancha de casos de inmigración presentados después de la llamada Ley de Amnistía de 1986. Como una Entidad Designada Calificada, Cristo Vive presentó más de 3,000 solicitudes de amnistía entre 1987 y 1989, de acuerdo con Sánchez.

Pero cuando el programa terminó, según los abogados locales, Cristo Vive siguió prestando ayuda legal a los inmigrantes, violando leyes estatales y federales.

En 1989, Cristo Vive solicitó ser reconocido por la Junta de Apelaciones de Inmigración. La solicitud fue rechazada porque Cristo Vive carecía de "un conocimiento adecuado de la información o de la experiencia para practicar la ley de inmigración",según el Departamento de Justicia. Registros de la corte indican que Cristo Vive sirvió a entre 3,400 y 5,400 clientes por año entre 1999 y 2001, tiempo durante el cual recibió ingresos que iban desde $230,000 a $619,000 al año.

Cristo Vive era sólo uno de los negocios de Sánchez. De acuerdo a los registros del estado, este oriundo de la Ciudad de México fue dueño de un canal de televisión en español y una empresa llamada National Check Recovery Association.

En una nota publicada en su página de Facebook, Sánchez dice: "Sigo sirviendo a Dios y a los aliens (extranjeros)".

Cuando se le preguntó, entregó nombres de varios clientes satisfechos. Entre ellos Celestino Lares Castañeda, quien dijo que ya tenía residencia en Estados Unidos cuando Cristo Vive le ayudó a obtener la ciudadanía en 2006.

"Todo salió bien", dijo Castañeda. "Ellos hicieron lo que dijeron que harían".

'Problemas constantes' Kevin Lashus, el abogado principal del caso para el Comité de Práctica Legal No Autorizada, dijo que el mayor obstáculo para enjuiciar a Cristo Vive ha sido encontrar testigos y convencerlos de declarar.

"Encontrar a esas personas especiales es muy difícil", dijo Lashus.

Este año, el comité encontró una pareja de inmigrantes dispuestos a testificar y acudió a los tribunales en un tercer intento de ganar un desacato a la orden de la corte en contra de Cristo Vive. Al presentar el testimonio de la pareja, que declaró que Sánchez habia trabajado para ellos como asesor legal, el comité obtuvo una sentencia de desacato al tribunal por parte de Sánchez en marzo.

David Walding, director del Centro Bernardo Kohler, organización sin fines de lucro sancionada por el gobierno para asesorar a inmigrantes, dijo que ha visto "problemas constantes" en los casos de personas que han acudido a Cristo Vive en la última década.

"Hace diez años, pensé que era incompetencia pero ahora me parece algo malévolo", dijo Walding. "Creo que han ganado bastante dinero de esta manera".

Sánchez dijo que Cristo Vive está en proceso de cierre de archivos de sus clientes actuales, que les está devolviendo documentos originales y que va a enviar a nuevos clientes a abogados de la zona.

Sánchez mantiene la esperanza de que Cristo Vive pueda ganarse el reconocimiento del gobierno federal para poder continuar su trabajo de inmigración.

Algunos de sus antiguos clientes dicen que esperan que esto no suceda.

"Tuvimos suerte, pero me imagino que mucha otra gente no", dijo la venezolana Salazar, quien ahora está estudiando enfermería. "Si yo no hubiera encontrado (la clínica de inmigración de UT) todavía estaría limpiando casas. Todavía sería indocumentada".


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