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Bush se opone a enmienda en reforma migratoria

LaVoz.com. Desde Washington. | 20 de Junio de 2007 a las 00:00
El gobierno del presidente George W. Bush se pronunció firmemente en contra de una iniciativa bipartidista de los senadores Charles Grassley y Barack Obama para hacer que el proyecto de reforma migratoria sea menos estricto con los empleadores. Michael Chertoff, secretario de Seguridad Interior, envió una misiva a los senadores el martes por la noche, diciéndoles que la enmienda –la cual haría que un nuevo programa que busca evitar que las empresas contraten a trabajadores indocumentados sea menos estricto con los empleadores– "sería un grave retroceso en nuestro esfuerzo por hacer cumplir la ley". La enmienda promovida por el republicano Grassley, el demócrata Max Baucus y su compañero Obama, del mismo partido, "elimina las herramientas necesarias y permite que las empresas inescrupulosas sigan contratando libremente a trabajadores ilegales", escribió Chertoff en misivas enviadas al senador demócrata Edward M. Kennedy y al republicano Arlen Specter, también miembro de la cámara alta, dos de los legisladores que elaboraron la medida. En una respuesta enviada a Chertoff este miércoles, los legisladores que patrocinan la enmienda se mostraron molestos, rechazaron sus críticas como "erróneas y engañosas" y defendieron su propuesta como una que mejoraría un sistema aquejado por profundas fallas. Su enmienda forma parte de una lista limitada a dos decenas de modificaciones que el Senado consideraría agregar a la reforma migratoria bajo un plan para reanimar el estancado proyecto de ley antes del receso en las cámaras por el feriado del 4 de julio. Enfrascado actualmente en un debate sobre políticas en torno a cuestiones de energía, es improbable que el Senado concluya su labor en el proyecto de ley hasta principios de la próxima semana. La propuesta de Grassley, Baucus y Obama se enfoca en el programa de verificación de trabajadores, el cual desagrada a sindicatos y a grupos empresariales. Las compañías temen que provocaría estragos en su capacidad para contratar trabajadores y les impondría costos exorbitantes, mientras que los sindicatos piensan que podría derivar en discriminación hacia los empleados. Tanto las empresas como los líderes sindicales están en favor de una amplia reforma migratoria, que daría estatus legal a unos 12 millones de indocumentados y crearía un nuevo programa temporal de trabajadores invitados.

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