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Reforma migratoria de Obama beneficiara a la industria de cárceles

Buenos Aires. Télam. | 2 de Marzo de 2014 a las 13:51

Una de las prioridades en 2014 del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, es aprobar una reforma migratoria que regularizará la situación legal de unos doce millones de inmigrantes, pero también alimentará a una poderosa y poco conocida industria, la de las cárceles privadas.

La "guerra contra las drogas" de los años 70, la política de mano dura de los años 80 y 90, la "guerra contra el terrorismo" declarada después de 2001 y el posterior endurecimiento de las políticas inmigratorias, llevaron a Estados Unidos a concentrar el 25% de la población encarcelada del mundo, pese a representar apenas el 5% de la población del planeta.

Apenas un 8% de los presos en cárceles federales y estaduales están detenidos en prisiones privadas, pero ese porcentaje se dispara cuando se trata de los inmigrantes en reclusión, según las cifras de diciembre de 2010 de la Oficina de Estadísticas de Justicia norteamericana.

Casi la totalidad de los inmigrantes condenados están detenidos en cárceles privadas, mientras que cerca de la mitad de los extranjeros que aguardan ser deportados están en centros de detención privados.

La privatización también alcanzó a los centros de detención del Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos, la fuerza que se encarga de los acusados en procesos penales federales.

Entre 2000 y 2011, la población detenida creció en un 81%, pero el número de aquellos enviados a instalaciones privadas aumentó un 600%.

Todos los datos coinciden en que la población encarcelada en prisiones y centros de detención privados en todos los niveles del Estado, creció exponencialmente en los últimos 25 años en Estados Unidos.

Prueba de ello es que las dos principales empresas de la industria carcelaria en ese país, Corrections Corporation of America (CCA) y el Grupo Geo, llegaron a ganar 1.700 millones y 1.600 millones de dólares en 2011, según sus respectivos balances financieros.

En los últimos años, sin embargo, el número de presos disminuyó ligeramente.

Para Judy Green, especialista en política criminal y temas penitenciarios, la reducción se debe a los esfuerzos del actual gobierno estadounidense de terminar con la costosa política de "encarcelamiento masivo".

"Pero es muy irónico que al mismo tiempo que el número de procesados por drogas está bajando y Obama impulsa una reforma penal, su mismo gobierno aumenta el número de procesados y condenados por violar la ley migratoria", advirtió en diálogo telefónico con Télam, la directora de la organización Justice Strategies, con base en Washington.

En las últimas dos décadas, el número de acusados por violar la ley migratoria detenidos en los centros del Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos aumentó casi un 900%, y gran parte de este incremento lo absorbió la industria privada.

Ya lo había pronosticado en una reunión con accionistas en octubre de 2001 Steve Logan, el director ejecutivo de Cornell Companies, una empresa de cárceles que luego fue comprada por el Grupo Geo.

"Está claro que desde el 11 de septiembre hay un énfasis más importante en las detenciones, tanto en las fronteras como dentro de Estados Unidos. Más personas van a ser arrestadas...Yo diría que eso es algo positivo", aseguró el empresario en declaraciones que años después fueron filtradas a los medios estadounidenses.

El panorama se volvió aún más positivo para el negocio carcelario en 2005, cuando el gobierno de George W. Bush aprobó dos programas para "disuadir" a los miles de latinoamericanos que intentan cruzar la frontera sur todos los meses: Operación Streamline y la Iniciativa Frontera Seguridad.

La primera convirtió en un delito penal el cruce ilegal de la frontera, mientras que la segunda reforzó la seguridad fronteriza con un sistema electrónico de última generación.

"La reforma migratoria que impulsa Obama amplía la Operación Streamline de 70 a 200 procesamientos por día", advirtió a Télam Silky Shah, directora ejecutiva de Detention Watch Network, una red de ONG estadounidenses que se especializa en política criminal y derechos humanos e incluye a la reconocida ACLU (Unión de Libertades Civiles Estadounidense).

La reforma, que el año pasado recibió media sanción del Senado oficialista, triplicará el presupuesto de este programa, que en los últimos ocho años no disminuyó los flujos inmigratorios pero sí consiguió que los que ingresan ilegalmente al país cumplan una condena de un año y medio en prisión antes de ser deportados.


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