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Movimientos migratorios deben ser regulados dice el BM

Agencia EFE. Desde Madrid. | 27 de Junio de 2007 a las 00:00
La inmigración debería regularse con un sistema de acuerdos multilaterales similares a los de la Organización Mundial de Comercio. Así lo consideró el economista jefe para Latinoamérica del Banco Mundial, Guillermo Perry. En una entrevista con Efe, Perry abogó por acuerdos globales sobre movimientos de personas, del mismo modo que se suscriben para comercio o capitales, y con los que, en su opinión, se beneficiarían tanto los países de acogida como los de origen. Actualmente, explicó, los países desarrollados tienden a poner más restricciones a los trabajadores menos cualificados, y abren sus puertas con más facilidad a los más preparados, lo que tiene consecuencias económicas directas en los países de origen. Así, señaló, los emigrantes menos cualificados son los que más dinero aportan en remesas a su país de origen. Un dinero que, aunque en inicio va directamente a sus familias, no se dedica sólo al consumo, ya que, también se destina a la inversión en áreas como la vivienda o la educación, subrayó. Esto ocurre ya en países como El Salvador o México, donde los emigrantes proceden de sectores muy pobres y sus envíos están ayudando mucho a reducir la pobreza. Perry explicó que, en cambio, es mucho menor el impacto sobre la economía de los países de origen de los trabajadores cualificados que emigran a países más desarrollados, pues es allí donde aportan productividad, mientras envían menos dinero por proceder de estratos sociales medios o altos. Para que haya un mayor reparto de la riqueza y estén más equilibrados los beneficios de los movimientos migratorios, propone el sistema multilateral de acuerdos. Entre las medidas que podrían acordarse, aludió al movimiento legal y temporal de trabajadores, de forma que ayudasen a mejorar la productividad de un país desarrollado durante su estancia y después regresasen al de origen para aportar experiencia y conocimientos. Guillermo Perry estuvo esta semana en Madrid para presentar en el Banco de España un informe sobre los efectos negativos de la economía informal -la que forman los trabajadores sin contrato o no inscritos en la Seguridad Social y las empresas no registradas- en el desarrollo de América Latina. Según explicó a Efe, la mitad de los trabajadores en América Latina son irregulares, bien porque no tienen contratos o bien porque no contribuyen a la seguridad social, un porcentaje que varía mucho dependiendo de cada país, y que alcanza el 80 por ciento en Bolivia, Guatemala o Perú, mientras sólo supone el 20 por ciento en Chile. La irregularidad, dijo, no responde siempre a razones de exclusión, y en el caso de los trabajadores autoempleados -autónomos o responsables de microempresas- las dos terceras partes han elegido voluntariamente esta fórmula, al no ver suficientemente atractivo o remunerado el trabajo regular y considerar la seguridad social costosa y sin suficientes beneficios. Del otro lado están los asalariados irregulares, que lo son en su mayoría porque no han encontrado empleos en el sector reglamentado, y a quienes sus contratadores -habitualmente pequeñas empresas- no regularizan para ahorrarse costes y porque confían en que la Inspección no se fijará en ellos. Perry reconoció la complejidad del objetivo de fomentar la regulación con incentivos. En la actualidad, las "contribuciones muy altas" -con menos subsidio del estado- y el "mal diseño" hacen que los ciudadanos no quieran estar en sus sistemas de la seguridad social y opten por la informalidad. El economista puso como ejemplo a Chile, un país que ha sido capaz de constituir "instituciones de primera calidad" y en el que la gente "confía en el Estado". Por eso allí, añadió, los niveles de informalidad "son muy bajos".

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