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Confirman millonario robo en consulado hondureño de Phoenix

Tegucigalpa, Honduras. Agencias. | 5 de Mayo de 2014 a las 15:00

Un perjuicio económico por cerca de 4.1 millones de lempiras se ocasionó por deficiencias en la gestión del Consulado General de Honduras en Phoenix. La auditoría financiera y de cumplimiento legal se practicó al Consulado General de Honduras en Phoenix, Arizona, Estados Unidos.

Se auditó la gestión comprendida del período del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2012. EL HERALDO tuvo acceso al informe No. 005-2013-DASEF-CGHPA-A, en el cual se revelan las irregularidades encontradas en dicha sede diplomática, que ocasionaron un perjuicio económico al Estado por 195,215 dólares (equivalentes a 4.1 millones de lempiras al cambio actual).

El presidente del TSC, Jorge Bográn Rivera, remitió dicho informe a la ministra de Relaciones Exteriores, Mireya Agüero de Corrales, para que cumpla las recomendaciones del ente contralor. "Este informe contiene opiniones, comentarios y recomendaciones; los hechos que dan lugar a responsabilidad civil y administrativa se tramitarán individualmente en pliegos separados y los mismos serán notificados a los funcionarios y empleados en quienes recayere la responsabilidad", cita Bográn en el oficio de remisión.

El TSC revisó las operaciones, registros y la documentación de respaldo presentada por los funcionarios y empleados del Consulado de Phoenix. Asimismo, investigó los rubros de ingresos percibidos en concepto de servicios consulares y gastos de funcionamiento y representación, que ascienden a 709,140 dólares.

El Consulado General de Honduras en Phoenix cerró operaciones el 28 de junio de 2013 como consecuencia de la reestructuración orgánica y financiera en el Servicio Exterior de Honduras.

El cierre fue notificado a la cónsul general Astrid Kamper mediante Oficio número 339-DGAC-2013 de fecha 4 de abril del año 2013, por parte de Relaciones Exteriores. Responsabilidades El TSC concluyó que en el Consulado de Phoenix, durante el período auditado, se encontraron serias deficiencias en el control interno. Se incumplieron normas, leyes, reglamentos y principios contables, entre otras.

Entre los hechos encontrados por el TSC, que originan la determinación de responsabilidades, está el encontrar informes y cheques de ingresos por servicios consulares remitidos fuera del plazo estipulado en la Ley Consular.

Esto ocasionó al Estado de Honduras un perjuicio económico por la cantidad de 175,535 dólares. Otra irregularidad refiere a que "valores percibidos en concepto de servicios consulares no fueron depositados a las cuentas de la Tesorería General de la República". Fueron 12,680 dólares, recibidos por venta de timbres y pasaportes, los que no se depositaron a la Tesorería General, se desconoce su destino. Otra irregularidad encontrada refiere a que "no se cuenta con los informes y documentos de liquidación de los gastos de funcionamiento y representación, correspondientes a los meses de abril del año 2006 y julio de 2009, por un valor de 7,000 dólares. Otras irregularidades El TSC detectó siete irregularidades en la gestión de Cancillería y propiamente de este Consulado.

"La Dirección de Asuntos Consulares no confirma la veracidad e integridad de las transferencias realizadas por los consulados en concepto de Ingresos por Servicios Consulares", cita el TSC. Los excedentes por recargos percibidos en los consulados móviles utilizados como complemento de los gastos de funcionamiento, exceden los montos para esta partida. "No se realizan inspecciones físicas de la existencia de especies fiscales en poder de los consulados", es otra anomalía. Asimismo, el Reglamento de Gastos de Funcionamiento y Representación del Servicio Exterior de Honduras no se encuentra debidamente aprobado.

No se cuenta con un sistema de recepción a través de una cuenta única ni registro del prepago en el Sistema de Control Electrónico (Siafi) de los Servicios Consulares prestados. Igualmente, no existe la figura de supervisión consular en estado receptor, establecida en el reglamento del decreto No. 263-2011.


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