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Acuerdo pone fin a demanda de abogado latino en Colorado

Agencia EFE. Desde Denver. | 5 de Julio de 2007 a las 00:00
Francisco "Kiko" Martínez, un abogado residente en Colorado, llegó a un acuerdo con el FBI para poner fin a una demanda judicial que había interpuesto porque el FBI lo había incluido "impropiamente" en la lista de "terroristas a vigilar". Según Daniel Yohalem, abogado de Martínez, el pasado martes 3 de julio el juez federal de distrito John Conway (con sede en Santa Fe, Nuevo México) dejó sin efecto la demanda que Martínez había presentado contra el FBI en julio del 2006 y aceptó el acuerdo al que llegaron las partes. Los detalles de ese acuerdo, que aparentemente incluye una compensación económica por daños y perjuicios, se darán a conocer el próximo 1 de agosto. En su demanda, Martínez, de 60 años, indicaba que fue detenido e interrogado en tres ocasiones y en tres estados distintos (julio del 2000 en Colorado, diciembre del 2004 en Illinois, y abril del 2005 en Nuevo México), "sin que existiese causa probable o sospecha razonable" que Martínez estuviese participando en algún crimen. En el último incidente, el oficial que arrestó a Martínez le indicó que su nombre figuraba en la lista de "terroristas a vigilar" del FBI. Pero, según el abogado Yohalem, la única razón por la que Martínez fue incluido en esa lista es por el pasado político del activista latino, quien en la década de 1970 era uno de los principales voceros del llamado Movimiento Chicano, que promovía la defensa de los derechos y la participación cívica de los méxico-americanos. En 1973, Martínez fue acusado por el gobierno federal de enviar tres "cartas bomba" (que nunca explotaron) a otras tantas personas en Colorado. Cuando el FBI emitió una orden de "disparar a matar" contra Martínez, el activista pasó a México donde permaneció durante siete años. En 1980, Martínez fue detenido en Nogales, Arizona, cuando intentaba reingresar a Estados Unidos. Posteriormente, Martínez enfrentó tres juicios (en 1981, 1982 y 1983), uno por cada "carta bomba", y otro juicio (en 1985) por haber usado un nombre falso al entrar en Estados Unidos. En todos los casos se lo declaró "no culpable", y se le permitió volver a practicar como abogado. En julio del 2006, Martínez aseveró que el FBI había violado sus derechos constitucionales, y que "impropiamente" figuraba como terrorista, ya que el mismo gobierno federal lo había exonerado de todos los cargos. Martínez se describe como un "veterano defensor de los derechos de los pueblos latinos y de otros" y mantiene que las acciones del FBI son "en represalia" por su activismo político. Martínez vive y practica abogacía en la localidad de Alamosa, donde la comunidad formó un grupo de ayuda para pagar por el costo de la demanda contra el FBI.

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