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Republicanos intentarán rescatar debate sobre seguridad fronteriza

Agencia EFE. Desde Washington. | 6 de Julio de 2007 a las 00:00
Líderes republicanos de la Cámara de Representantes promoverán medidas en las próximas semanas para reforzar la seguridad fronteriza, tras el fracaso de la reforma migratoria en el Senado, informaron fuentes legislativas. Algunos líderes republicanos de la Cámara Baja, entre ellos Brian Bilbray, Tom Tancredo y Peter King, celebraron la derrota de la reforma migratoria en el Senado la semana pasada, por considerar que ésta otorgaba una "amnistía" inmerecida para los inmigrantes indocumentados. El proyecto de reforma migratoria incluía un plan de trabajadores huéspedes, vigilancia fronteriza y la legalización de la población indocumentada, pero encontró su tumba en el Senado cuando sus partidarios no lograron cerrar el debate y fijar una votación definitiva. Esto alegró a los conservadores pero constituyó un revés político para el presidente George W. Bush, que busca sentar un legado en los 18 meses que le quedan como presidente. La Cámara Baja ya aprobó fondos para la contratación de 3.000 agentes fronterizos adicionales para el año fiscal 2008, o un aumento del 20 por ciento sobre el número actual, dentro de un proyecto de ley de gastos relacionados con la seguridad nacional. Pero los conservadores exigen más y, ahora, intentan rescatar de las cenizas los elementos relacionados con la vigilancia fronteriza, con la esperanza de aprobar un proyecto de ley antes de los comicios presidenciales de 2008. Bilbray, que preside el grupo legislativo sobre asuntos migratorios en la Cámara Baja, considera que la inmigración ilegal se ha convertido en un "asunto de importancia nacional" y requiere soluciones inmediatas. Por ello, Bilbray apoya medidas para reforzar el cumplimiento de las leyes de inmigración tanto en la frontera como en los centros de trabajo del país. Por su parte, King, republicano por Nueva York, tiene previsto presentar oficialmente, junto con su colega Lamar Smith (Texas), un proyecto de ley que tendrá en la mira el cruce ilegal de extranjeros. Según un borrador de la iniciativa, adelantado el pasado 19 de junio, además de aumentar el número de agentes fronterizos, la medida autorizaría la deportación expedita de los indocumentados y convertiría el inglés en idioma oficial de EEUU, una lengua compartida por el 82,1 por ciento de su población. La iniciativa Smith-King no descarta la creación de un programa de visas temporales para el sector agrícola pero, como siempre, los republicanos de la Cámara Baja permanecen divididos sobre cómo frenar la inmigración ilegal. Por su parte, Carlos Espinosa, un portavoz de Tancredo, dijo a Efe: "Pensamos presentar un proyecto de ley la próxima semana", aunque no adelantó detalles sobre el mismo. Tancredo es partidario de medidas para corregir la porosidad de la frontera sur de EEUU, por donde se cuela la mayor parte de los inmigrantes indocumentados. Según observadores, la "línea dura" que promueven los republicanos en la Cámara Baja es una cuchilla de doble filo, ya que obtendrían el apoyo de los grupos más conservadores del país pero correrían el riesgo de una derrota en las urnas el próximo año. En los comicios legislativos de noviembre de 2006, varios republicanos perdieron la reelección debido en parte a sus posturas anti-inmigrantes. Además, líderes del sector agrícola, que apoyaron el programa de trabajadores temporales incluido en el plan de reforma, continúan exigiendo que el Congreso tome medidas para aliviar la escasez de mano de obra en este sector. El titular del Departamento de Agricultura de EEUU, Mike Johanns, ha reconocido que la crisis de mano de obra en el sector agrícola se empeora no sólo por el mal tiempo sino también por culpa de un sistema migratorio que "no funciona bien". Tan grave es la situación que, por ejemplo, los granjeros en las Grandes Llanuras de Estados Unidos, dependen cada vez más de la mano de obra extranjera para la cosecha del trigo. Ante la escasez de campesinos mexicanos que antes trabajaban la tierra, varias empresas agrícolas en estados como Idaho y Colorado han empezado a experimentar con la población presidiaria para la cosecha de frutas y verduras.

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