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Expresan descontento por demora sobre el tema de la inmigración

Nueva York. Agencias. | 9 de Septiembre de 2014 a las 17:03

Para Seleste Wisniewski, madre de cuatro hijos en Ohio, la decisión del Presidente Barack Obama de demorar su acción ejecutiva en torno a la inmigración hasta después de las elecciones de mitad de periodo en noviembre, fue un decepcionante golpe. Eso significa que es muy probable que su esposo mexicano tenga que ser deportado en los próximos días.

Wisniewski estuvo atenta a las noticias el sábado cuando la Casa Blanca anunció que Obama había pospuesto cualquier medida para expandir las protecciones a los inmigrantes ilegales e intentar evitar que sean deportados, señalando las inquietudes de los demócratas en cerradas contiendas electorales y la frustración que muchos votantes sienten en torno al tema debido al influjo de inmigrantes en la frontera de Texas registrado este verano.

La semana pasada, su esposo, Pedro Hernández Ramírez, fue notificado que el aplazamiento de un año de su deportación había sido cancelado y que se debía preparar para regresar a México.

Hernández, quien había estado viviendo en Estados Unidos por más de una década, es la única persona en su hogar en Elyria, Ohio, que puede lidiar con el hijo de Wisniewski, Juan, quien tiene 24 años y sufre de parálisis cerebral.

Por lo que cuando Wisniewski, una ciudadana estadounidense, escuchó sobre la decisión del Presidente para demorar su acción ejecutiva, se respuesta fue: “¿Por qué vamos a tener que esperarnos a solucionar un problema que tenemos en este momento?”

Los defensores de inmigrantes latinos atacaron al Presidente por haber aplazado una acción que él había prometido tomar para finales del verano, acusándolo de ceder a los estrechos intereses de su partido.

“El Presidente Obama sucumbió ante los temores de los políticos demócratas, destruyendo las esperanzas de millones de personas trabajadoras que viven bajo el constante temor a ser deportadas y ser separadas de sus familias”, dijo Janet Murguía, presidente del NCLR, la organización hispana conocida como Consejo Nacional de La Raza.

Más allá del daño político que Obama pudo haber sufrido con dichos grupos, el efecto práctico de su decisión es que las deportaciones continuarán a su ritmo actual. Aunque las deportaciones en el interior del país han disminuido en los últimos años, al ritmo actual miles de inmigrantes podrían ser enviados de vuelta sus países de origen entre ahora y noviembre.

Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional dicen que se enfocarán en los casos de prioridad, incluyendo extranjeros condenados de delitos graves o que fueron capturados cruzando la frontera de manera ilegal. Los lineamientos que están en vigor desde el 2011 aconsejan a los agentes de inmigración evitar deportar a personas que no cuentan con un historial delictivo, que han estado en el país por muchos años y que son el sostén de sus familias, particularmente de aquellas en las que se incluyen ciudadanos estadounidenses.

Marsha Catron, una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que la dependencia se ha enfocado en “llevar a cabo acciones policiacas inteligentes y efectivas que toman como prioridad la deportación de personas que representan una amenaza a la seguridad pública y a la seguridad nacional”. Cerca de dos tercios de las 368 mil 644 deportaciones hechas en el 2013 se llevaron a cabo en la frontera, y el 82 por ciento de las personas deportadas en el interior del país eran delincuentes convictos, de acuerdo a las cifras arrojadas por el departamento.

En meses recientes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas envió a muchos de sus agentes y recursos al sur de Texas para acelerar las deportaciones de los inmigrantes aprehendidos en la reciente oleada. Pero los defensores legales dicen que los lineamientos son aplicados de manera inconsistente, y que muchas veces se encargan de casos de inmigrantes que enfrentan la deportación aún siendo el sostén de sus familias.

Muchos grupos defensores han desarrollado tácticas de respuesta rápida para atender dichos casos, permitiéndoles movilizar peticiones en línea, campañas en los medios locales de noticias, y en ocasiones hasta manifestaciones en las calles en un esfuerzo para persuadir a las autoridades de inmigración a que detengan las deportaciones. Los defensores dicen que planean reforzar dichas tácticas entre ahora y noviembre para recordarle a la Casa Balnca de las deportaciones que se están llevando a cabo.

Los republicanos también denunciaron la decisión del Presidente de demorar la acción ejecutiva de ser una artimaña política. Pero han cuestionado si en verdad tiene autoridad legal para detener las deportaciones. “Esta casa Blanca y este Senado demócrata ven con desacato a los estadounidenses que quieren que sus leyes sean cumplidas y sus fronteras puestas bajo control”, dijo el sábado el senador Jeff Sessions, republicano de Alabama, un vigoroso oponente de las políticas migratorias de Obama.

Los agentes de inmigración han estado muy activos en el área de Ohio, donde muchos inmigrantes se han establecido para trabajar en la agricultura, jardinería y en pequeñas fábricas.

“Es una especie de estado de emergencia”, dijo Veronica Cahlberg, directora ejecutiva de HOLA, una organización inmigrante en la zona rural de Ohio, quien dijo que estaba luchando contra una docena de deportaciones.

Hernández, de 43 años, ha trabajado en guarderías. Su notificación de deportación fue un shock para su familia debido a que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas le había otorgado un aplazamiento de un año.

Pero Timothy E. Ward, director asistente de la oficina de campo en Detroit, señaló en una carta enviada a Hernández que él había regresado a Estados Unidos de manera ilegal tras haber sido deportado por lo menos en cuatro ocasiones desde el 2001. “parece evidente que el Sr. Hernández no tiene ningún respeto por las leyes de Estados Unidos, tal como se evidencia por sus repetidas violaciones a las leyes de inmigración de Estados Unidos”, según Ward escribió. Ward dijo que Hernández debió haber preparado a su familia durante el año pasado a sobrellevar la situación sin él.

En una entrevista con la familia, hecha por teléfono el lunes, Hernández dijo que había regresado al país, a pesar de no contar con documentos, para estar con su familia. Es muy probable que pueda solicitar una prórroga que Obama está considerando para padres de familia y cónyuges de ciudadanos. Pero por ahora, no puede conseguir el estatus legal por medio de su matrimonio debido a sus deportaciones anteriores.

Wisniewski dijo que su esposo es el padrastro de tres de sus hijos, incluyendo Juan. Pero, dijo, “Todos hemos trabajado juntos como equipo para sacar a esta familia adelante”.


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