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Demandan a EEUU ante la OEA por deportaciones sumarias de inmigrantes

Agencia EFE. Desde Washington. | 20 de Julio de 2007 a las 00:00
Estados Unidos tuvo que responder el viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la deportación sumaria de miles de inmigrantes tras ser condenados por delitos, una medida que ha separado a 1,6 millones de niños y adultos, según un estudio. "Es una violación sistemática clara de los derechos de los deportados", enfatizó en la audiencia David Baluarte, un abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la organización que presentó la queja en nombre de dos inmigrantes. Desde 1996 cualquier extranjero, esté legal o ilegalmente en el país, es deportado de forma automática tras ser declarado culpable de un "delito grave" y cumplir su condena en una cárcel de EE.UU. Se considera un "delito grave" desde el asesinato y el tráfico de armas a infracciones menores como hurtos en tiendas, falsificar documentos o ayudar a alguien a cruzar la frontera de forma clandestina. Así, residentes legales que llevaban prácticamente su vida entera en los EE.UU. han sido deportados a países que no conocen. Eso le ocurrió a Hugo Armendáriz, quien llegó a EE.UU. cuando tenía 2 años y fue enviado a su México natal cuando tenía 30, tras una condena por posesión de droga. Una situación similar afrontó también Wayne Smith, un hombre de Trinidad y Tobago que se declaró culpable de posesión de cocaína tras 25 años de residencia en EE.UU. Ambos dejaron atrás a esposa e hijos estadounidenses. "Las cosas han sido muy difíciles", reconoció tras la audiencia Ann Smith, la esposa de Wayne, quien padecía cáncer cuando su esposo fue deportado en 2001 y perdió su seguro de salud. Además, el negocio de servicios de conserjería que había abierto con su marido se fue a la quiebra y hoy se gana la vida como niñera. Al impacto económico se une el golpe humano para ella y su hija. "Karina quiere saber por qué su padre no está aquí. Yo se lo explico lo mejor que puedo, porque sólo tiene 7 años", dijo Smith. En una situación similar se encuentran 1,6 millón de niños y adultos, incluidos ciudadanos estadounidenses como Ann Smith, que han experimentado la partida forzosa de padres y esposos desde 1996, según un estudio de la organización Human Rights Watch. Por su parte, el gobierno de EE.UU. defendió las deportaciones. "Se trata de una decisión trágica y difícil, pero en algún sitio hay que echar la raya", dijo tras la audiencia Steven Hill, el abogado del Departamento de Estado a cargo del caso. Apuntó que esta situación no es excepcional. "Siempre que se pone a la gente en la cárcel o se la deporta se producen trastornos a la familia", justificó Hill. Lo que Baluarte y su equipo consideran una violación de los derechos humanos no es la deportación en sí, algo que el Estado tiene autoridad para ordenar, sino que sea obligatoria. Antes de 1996 los jueces tenían la potestad de cancelar la deportación por circunstancias atenuantes, como el impacto sobre la familia y la comunidad, o el servicio del inmigrante en las Fuerzas Armadas. "El derecho a la unidad familiar es un derecho humano fundamental y Estados Unidos no lo tiene en cuenta", recalcó Alison Parker, la autora del estudio de Human Rights Watch. En la audiencia, Florentín Meléndez, el presidente de la Comisión, un ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), se mostró receptivo a ese tipo de argumentos. "Para la Comisión es de alta prioridad lo que pasa a los niños que quedan desprotegidos cuando se aplica esta medida", dijo el jurista salvadoreño. "Las consideraciones humanitarias no pueden quedar de lado en un estado democrático", añadió. En cambio, Hill enfatizó que las deportaciones "no son decisiones arbitrarias, sino basadas en una política correcta" y que EE.UU. tiene el derecho de regular la presencia de extranjeros en su territorio. La Comisión ahora analizará los argumentos de ambas partes y emitirá un informe, un proceso que podría tardar un año, según Hill. Sus dictámenes son meramente recomendaciones y hasta ahora el gobierno de EE.UU. nunca ha cambiado su política para acatar una decisión de ese órgano internacional. No obstante, Baluarte espera que una posible censura a EE.UU. por parte de la Comisión dé fuelle a los grupos en pro de los derechos de los inmigrantes que reclaman un cambio en las leyes.

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