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Quieren expulsar de un condado de Oregón a los ilegales

LaVoz.com. Desde Oregon. | 29 de Julio de 2007 a las 00:00
Un contratista local está organizando una campaña para que los negocios del condado de Columbia, en Oregón, dejen de contratar trabajadores indocumentados, y pide a los votantes que declaren al condado como una zona "sólo para trabajadores legales". "Quitémosle su capacidad de conseguir trabajo y el problema terminará", afirmó Wayne Mayo, un contratista de remodelación de St. Helens. "Es una cuestión de justicia local. La ley local". Mayo quiere que los residentes coloquen anuncios luminosos en todo el condado, de uno por dos metros cada uno, con la leyenda "Sólo trabajadores legales". Las señales incluirían la información para avisar a la policía y los agentes federales de inmigración. Su plan contempla que las autoridades locales respondan a las quejas inspeccionando sitios de trabajo y multando a quienes violen las leyes. Según su proyecto, aquel contratista que sea detectado contratando trabajadores sin documentos de residencia legal debería pagar una multa de 15.000 dólares por licencia de construcción en casa. La iniciativa busca también que se suspendan las licencias comerciales y de arriendo de quienes contraten a trabajadores indocumentados o les alquilen vivienda. Mayo llevó su propuesta a la Junta de Comisionados del Condado de Columbia, que le contestó días atrás que el condado no cuenta con los agentes para hacerla cumplir. Mayo dijo entonces que planea hacer que los votantes decidan. Aseguró que recolectará las 1.300 firmas válidas necesarias para proponer la medida en la papeletas en las elecciones de noviembre o de marzo. La idea de Mayo es parecida a una iniciativa que llegó a convertirse en ordenanza en Hazleton, Pensilvania, que buscó castigar a empleadores y propietarios de viviendas que hicieran negocios con indocumentados. Un juez federal, sin embargo, determinó el jueves pasado que esa ciudad de Pensilvania no puede poner en vigencia la ordenanza porque viola la constitución y sostuvo que los estados y las municipalidades no deben inmiscuirse en la lucha contra la inmigración ilegal, que es un asunto federal. Defensores de los derechos civiles han dicho que las normas aprobadas en Hazleton y otras ciudades estadounidenses, tendientes a combatir la inmigración de indocumentados, muestran que enfrentarán desafíos legales desalentadores. "Fracasaron en tratar de convencer a las cortes que estas medidas son constitucionales", afirmó Omar Jadwat, abogado del Proyecto de los Derechos de los Inmigrantes de la Unión de Libertades Civiles estadounidense. Quienes lo intenten "están poniéndose, a ellos y sus ciudades, en peligro", aseguró Jadwat.

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