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Empresarios encausados por albergar y emplear a ilegales en Maryland

Agencia EFE. Desde Washington. | 30 de Julio de 2007 a las 00:00
Los propietarios del restaurante de la cadena "El Pollo Rico" de Wheaton (Maryland) fueron encausados el lunes por conspirar para albergar inmigrantes ilegales, emplear a indocumentados, inducir a extranjeros a vivir en EEUU y cometer lavado de dinero y fraude bancario. El dictamen del jurado federal se produce 20 días después de que los dueños del establecimiento en Wheaton fueran acusados el pasado 9 de julio, indicó el fiscal del distrito de Maryland, Rod J. Rosentein, en un comunicado. De acuerdo con el escrito de acusación, Francisco Solano, de 55 años, y su hermano Juan Faustino, de 57 años, presuntamente emplearon a "numerosos" inmigrantes ilegales y trabajadores indocumentados en su restaurante desde enero de 1999 hasta julio de 2007 y les pagaron sus sueldos en efectivo. Los acusados no abonaron impuestos ni tampoco pagaron seguros u otros servicios indispensables para los trabajadores. Los empleados ilegales vivieron en casas que tenían los propietarios del restaurante en Wheaton, Kensington, Germantown y Silver Spring (Maryland). El escrito de acusación indica, además, que Francisco, su hermana Consuelo, de 69 años, y su hermano Juan conspiraron para ocultar las ganancias que sacaron del negocio ilegal, al depositar millones de dólares de las operaciones en varias cuentas bancarias. Los acusados sacaron dinero de las cuentas para uso e inversiones personales como fondos para la jubilación, seguros de vida, coches y un condominio. Francisco y su mujer, Inés Solano, de 59 años, están acusados de haber cometido fraude bancario para evitar los actuales requerimientos de reporte de circulación monetaria en EEUU. Los dos habrían depositado cantidades inferiores a 10.000 dólares con el fin de no tener que rellenar el Registros de Transacciones Monetarias (CTR), requerido para sumas superiores a esta cifra. Asimismo, el escrito de acusación calcula en 7,8 millones de dólares la cantidad con la que los dueños del restaurante se habían enriquecido a través de sus actividades ilegales. Los dueños tendrán que devolver este montante, que procede de 13 cuentas de ahorro y de inversión, un seguro de vida, ocho propiedades, tres coches, una moneda coleccionable de 1895 y joyas. Todos ellos -los tres hermanos procedentes de Perú e Inés, de origen colombiano- afrontan una condena de al menos diez años de prisión, aunque el cabeza de la familia, Francisco, es el que peor parado sale, dado que la fiscalía pide para él más de 56 años de prisión. En concreto, Francisco y su hermano Juan podrían ser condenados a 10 años por conspirar para albergar a inmigrantes indocumentados y 6 años por cada ilegal. Ellos dos, junto a su hermana Consuelo, se enfrentan a otros 10 años por conspirar para lavar dinero y a 20 años por lavado de dinero. Finalmente, la fiscalía pide otros 10 años para Francisco y su mujer Inés por fraude bancario. Según la denuncia, los acusados, que habían obtenido la ciudadanía estadounidense, sólo aceptaban pagos en efectivo y disponían de un cajero automático en el mismo establecimiento, del que los clientes podían sacar dinero para pagar la comida. La compañía que operaba dicho cajero reveló que era el mismo restaurante el que se ocupaba de que el cajero siempre dispusiese de efectivo y que después ellos se ocupaban de devolverles, también en metálico, el dinero que los clientes hubieran sacado. Al parecer, los dueños del restaurante pagaban en efectivo a los indocumentados que tenían como empleados para no dejar rastro de estas transacciones.

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