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Con reforma migratoria, aumentarían gastos de enseñanza de inglés, dice informe

Agencia EFE. Desde Washington. | 31 de Julio de 2007 a las 00:00
La eventual legalización de los inmigrantes indocumentados en EE.UU. supondría un aumento de gastos de 17.400 millones de dólares en un plazo de seis años en programas para enseñarles inglés, según un informe divulgado el martes. El análisis, preparado por el Centro Nacional sobre Políticas de Integración del Inmigrante, es el primero de su tipo en ofrecer un cálculo de los costes de enseñar inglés a la población indocumentada del país si se llegase a aprobar una reforma migratoria integral. Como parte de su supervivencia, el aprendizaje del inglés es el reto más importante que afrontan 1,8 millón de extranjeros que llegan a EE.UU. cada año, cifra que no incluye a la población clandestina. Por ello, "con este estudio, esperamos promover un diálogo equilibrado y realista sobre el impacto de un futuro programa de legalización en los programas de enseñanza del inglés", dijo a Efe Margie McHugh, codirectora del Centro y una de los autores del informe. "Lo que estamos diciendo es que si bien habrá un aumento de costos para los programas de enseñanza del inglés, también habrá manera de cubrir esos gastos", explicó McHugh, cuyo centro, creado en febrero pasado en el seno del Instituto de Política Migratoria, estudia el proceso de integración de los inmigrantes. McHugh defendió la idea de invertir en el "capital humano" de los inmigrantes porque, subrayó, eso ayuda a incrementar la base tributaria del país, disminuye los gastos en los programas de bienestar social y facilita su proceso de integración en el país. "Muchos se quejan de que el inmigrante no quiere integrarse, pero con este informe le decimos a los responsables de elaborar políticas que podemos buscar formas de facilitarles el proceso", enfatizó. Apoyándose en datos de la Oficina del Censo, el informe determinó el número de extranjeros legales e indocumentados en EE.UU., su nivel de educación y de dominio del idioma inglés, y calculó la cantidad de horas de instrucción que los inmigrantes necesitarían para alcanzar la "integración patriótica" en el país. La necesidad de clases de inglés de los extranjeros supera con creces la capacidad del sistema actual, y la disonancia entre oferta y demanda sólo subraya la urgencia de corregirlo, según el informe. El Centro calculó que unos 5,8 millones de residentes adultos legales necesitarían "cerca de 277 millones de horas de instrucción de inglés cada año durante seis años". Si sólo la mitad de esos extranjeros participase en clases formales de inglés, y un 10 por ciento lo hiciera fuera de un aula, el costo adicional para los gobiernos sería de unos 200 millones de dólares durante ese período. En el caso de que el Congreso aprobase una reforma migratoria integral, como la que fracasó en el Senado que exige conocimiento del inglés, el costo asociado con la enseñanza de ese idioma a 6,8 millones de indocumentados -los adultos que se calcula podrían beneficiarse de una reforma migratoria- sería de 2.900 millones de dólares cada año en un plazo de seis años, según el informe. Esa cifra supone alrededor de 319 millones de horas de instrucción del idioma inglés durante ese período, según el análisis, que calcula que un inmigrante necesita un promedio de 110 horas de instrucción para avanzar un nivel de conocimiento del idioma. En cuanto a costos, el informe sólo toma en cuenta los inmigrantes ya en el país, no futuros flujos migratorios. Así, el costo básico es de alrededor de diez dólares por hora de instrucción académica por estudiante. Esa cifra se traduce a 1.100 dólares por inmigrante, por nivel de eficiencia en el idioma. McHugh indicó que el informe propone varias ideas para financiar los programas de enseñanza del idioma, entre ellas una combinación de fondos provenientes del gobierno federal y de gobiernos locales y estatales con alta concentración de inmigrantes. El gobierno también podría echar mano de un fondo de unos 30.000 millones de dólares del Seguridad Social a donde han ido a parar los impuestos que pagan los indocumentados, y que no pueden reclamar precisamente por su condición de clandestinos, puntualizó McHugh.

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