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Ciudades de EEUU, contra los ilegales

Por Hugo Alconada Mon, corresponsal en EEUU del diario La Nación, de Argentina. | 5 de Agosto de 2007 a las 00:00
No fue de blanco, ni en la iglesia. No había familiares, excepto por la hija de ambos, ni testigos. No hubo baile ni festejo. Mucho menos luna de miel. Todo eso quedará para un después impreciso. Lo importante era dar el sí antes de que entrara en vigor la ordenanza local que le prohibirá a un inmigrante sin documentos, como Elvis Jiménez, casarse con un residente legal, como su novia, Marcia. "No sabemos qué va a pasar después. Dicen que pronto la gente sin números de Seguridad Social no podrá casarse", explicó él, de 26 años, tras besar a su novia desde sus tiempos en Guatemala y flamante esposa, y despedirse de la oficial del condado Prince William que los casó, María Ramírez, 50 kilómetros al sudoeste de esta capital. Al igual que decenas de otros condados y ayuntamientos, Prince William aprobó una resolución el 10 del mes último que endurece los controles locales, como respuesta al sonoro fracaso de la reforma del sistema inmigratorio en el Congreso que impulsaron el presidente George W. Bush y el senador demócrata Ted Kennedy. Elvis Jiménez, al igual que el resto de los inmigrantes en situación irregular, no cambia automáticamente de estatus al casarse con un residente legal. Pero el matrimonio les permite solicitar el blanqueo de su situación por medio de sus cónyuges. Y eso es lo que buscan evitar en Prince William, Virginia. Decenas de ayuntamientos y condados en todo Estados Unidos han aprobado recientemente medidas que ponen obstáculos a los inmigrantes. Algunos obligan a los patrones a garantizar que sus empleados estén en regla, bajo amenaza de suspenderles la licencia comercial; otros fijaron multas para quienes alquilen viviendas a quienes sean indocumentados; o entrenan a las policías municipales para que actúen como agentes migratorios. Algunas de esas medidas bordean los límites constitucionales. Así lo consideró, por ejemplo, el juez federal James Munley, que anuló una resolución de Hazleton (23.300 habitantes, Pennsylvania), para alegría de las organizaciones por los derechos de los inmigrantes. "Hay por ahí unas 33 medidas que han sido aprobadas y hemos podido derrotar unas 38. Hay como otras 40 por ahí pendientes", dice la subdirectora ejecutiva del Centro para el Cambio Comunitario, Cristina López. "Estamos alarmados por la forma en que están creciendo las medidas", reconoció. El centro integra la coalición Movimiento por una Reforma Migratoria Justa (FAIR, por sus siglas en inglés), que mantiene un registro actualizado de todas esas ordenanzas, que se repiten en 32 estados del país. Esa lista incluye desde la resolución que impone revocar el permiso a la empresa que trabaje para la ciudad de Athenas (21.000 habitantes, Alabama), si contrata a indocumentados hasta la creación de una tarjeta de trabajo en el condado de Coweta (115.000, Georgia), bajo pena de multa para sus empleadores. Según la lista, en cuya redacción también participó la principal organización de defensa de las libertades civiles del país, la Unión de Libertades Civiles Estadounidense (ACLU), lo más común son las multas (de entre 500 y 2500 dólares) u otras sanciones (revocamiento de permisos y rescisiones contractuales) a quienes alquilen su vivienda o den trabajo a inmigrantes sin papeles. Distinto es el caso de Herndon, una ciudad de Virginia, 38 kilómetros al oeste de esta capital. Sus 22.000 habitantes llegaron a los noticieros nacionales en octubre del año pasado cuando su ayuntamiento consideró la posibilidad de que la policía local asumiera las competencias de los agentes migratorios federales, que brillaban por su ausencia.

Inglés, idioma oficial

Otros pueblos y ciudades, como Carpentersville (30.586 pobladores, Illinois) aprobaron ordenanzas que fijan el inglés como su idioma oficial, lo que reduce el acceso a documentos y servicios en otra lengua, como los manuales y exámenes para obtener la licencia de conducir, el principal documento de identidad en el país. Las restricciones responden, en su mayoría, a un reclamo de quienes creen que el flujo inmigratorio pone en peligro la "identidad estadounidense" y sus tradiciones. En el condado de Prince William, donde se casaron Marcia y Elvis Jiménez, los habitantes de origen hispano pasaron de ser el 4,5 al 18 por ciento de la población entre 1990 y 2005, según censos oficiales. Para López, esa ofensiva a nivel local refleja además "la nueva estrategia de los grupos antiinmigrantes, al ver que no han podido hacer algo a nivel federal". Eso, a su vez, complica la defensa de los indocumentados, porque resulta más difícil "estar combatiendo cientos de peleas a la vez". Los controles a nivel local se expandieron a medida que el Congreso mostró serias dificultades para acordar la reforma del sistema inmigratorio. Y se aceleró cuando legisladores de ambos partidos rechazaron el proyecto por el que abogaron Kennedy y Bush, y que abría el camino a la regularización a la mayoría de los 12 millones de personas -en su mayoría de América latina- que viven en las sombras en este país. En la vida cotidiana de quienes viven en el condado de Prince William, el derrumbe de la reforma federal y la irrupción de vedas locales causaron un aumento de los casamientos, como el de Marcia y Elvis Jiménez, en las últimas semanas. "La gente se está asustando", dijo Ramírez, la oficial que los casó. En su caso, antes oficiaba 10 casamientos por semana; ahora, 20.

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