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Obama firmó ley que evita paralización del DHS

Washington. Univision.com | 28 de Febrero de 2015 a las 10:20

La Cámara de Representantes aprobó el viernes en la noche un proyecto de ley que evita la paralización del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) por siete días, prorrogando una dura batalla entre demócratas y republicanos que involucra el futuro inmediato de millones de inmigrantes indocumentados.

“El DHS maneja unos 170 mil empleados, en su mayoría personal de seguridad de primera línea.”

Con 357 votos a favor y 60 en contra, el pleno de la Cámara baja aprobó un proyecto de ley de presupuesto similar al que horas antes había aprobado el Senado.

La iniciativa de ley fue firmada por el presidente Barack Obama poco antes de la media noche, momentos antes que venciera el plazo para extender el presupuesto del DHS y evitar su paralización.
 
Boehner agregó que Obama dijo 22 veces que no tenía el poder de hacer acciones ejecutivas y aún así lo hizo.

La ley provisional mantendrá por una semana el flujo de dinero al DHS, agencia encargada, entre otras funciones, de la seguridad nacional, el control de las fronteras, el servicio de inmigración y las deportaciones.

Con la votación en ambas cámaras los líderes del Congreso acallaron una rebelión de representantes conservadores, furiosos porque la medida dejó por ahora intacta la política migratoria del presidente Barack Obama.

La guerra en la que se enfrascaron ambos partidos puso en peligro el funcionamiento del ministerio que vela por la seguridad nacional en momentos que “los ataques terroristas ocurren en todo el mundo y estamos hablando de la paralización del Departamento de Seguridad Nacional. Es como vivir en un mundo de locos", escribió en su cuenta de Twitter el congresista Peter King (Nueva York) y ex presidente del Comité de Seguridad Nacional.

Antes de la aprobación del plan la Cámara había rechazado una propuesta de financiamiento por tres semanas.
 
El gobernador Abbott dice que la Corte Suprema estará de acuerdo con la supuesta violación de la Constitución.

La semana que viene ambos partidos deberán nuevamente dirimir sus diferencias y discutir un proyecto de ley que le otorgue fondos al DHS hasta el final del año fiscal 2015, es decir el 30 de septiembre.

La batalla entre demócratas y republicanos estalló el 20 de noviembre cuando el presidente Obama anunció una acción ejecutiva que ampara de la deportación a entre 4.5 y 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes permanentes )DAPA, por sus siglas en inglés) que están en Estados Unidos desde antes del 1 de enero de 2010.

También amplió la cobertura de la Acción Diferida de los dreamers (DACA, por sus siglas en inglés) del 15 de junio de 2007 al 1 de enero de 2010 y liberó el límite de edad que era de menos de 31 años al 15 de junio de 2012.

Obama dijo, al anunciar la acción ejecutiva, que lo hacía en respuesta a la inacción del liderazgo republicano con el debate y aprobación de la reforma migratoria en el pleno de la Cámara de Representantes.

Los republicanos lo acusaron de haberse extralimitado en sus poderes ejecutivos y advirtieron que detendrían el beneficio ya sea en el Congreso –limitando el presupuesto del DHS- o en las cortes –donde pende una demanda de 26 estados contra la acción ejecutiva.
 
El proceso legal para autorizar o negar la acción del Presidente es muy lento, y eso tiene a la espera a cerca de cinco millones de indocumentados.

Durante el jueves y viernes intensas negociaciones se llevaron a cabo entre ambos partidos y la Casa Blanca. El ala ultraconservadora del Partido Republicano se opone a cualquier tipo de acuerdos que deje la vía libre a la acción ejecutiva.

En enero la Cámara había aprobado un proyecto que incluía dos enmiendas, una que cancelaba la acción ejecutiva y otra que prohibía al DHS usar dinero del presupuesto para ejecutar la medida del presidente Obama.

La semana pasada el Senado votó en tres ocasiones el proyecto, pero los demócratas bloquearon la estrategia republicana al tiempo que el Presidente Obama advirtió que vetaría cualquier tipo de iniciativa que eche por tierra su acción ejecutiva.

El DHS maneja unos 170 mil empleados, en su mayoría personal de seguridad de primera línea. En caso de no contar con presupuesto, un alto porcentaje de ellos hubiesen tenido que seguir trabajando sin sueldo, a partir de la medianoche del viernes hasta que el Congreso resolviera sus discrepancias.

El personal del DHS se distribuye entre 40 mil agentes de la Patrulla Fronteriza, 50 mil trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), 13 mil agentes de Inmigración y Aduanas (ICE) y 40 mil de la Guardia Costera.

Mientras la batalla por la acción ejecutiva sigue en el Congreso, una corte federal de Distrito en Brownsville, Texas, analiza una demanda entablada por 26 estados -24 de ellos gobernados por republicanos- quienes argumentan que Obama se extralimitó en sus poderes y que la acciòn ejecutiva es inconstitucional.

El 16 de febrero el juez federal Andrew S. Hanen aceptó una queja de uno de los demandantes, que reclama porque el DHS no publicó previamente la acción ejecutiva y por tanto no tomó en consideración el comentario público.

El gobierno presentó el lunes un recurso de emergencia para que Hanen cambie la medida cautelar. El juez anunció un día después que se tomaría hasta el martes de la semana entrante para responder, dejando abierta la puerta al Departamento de Justicia para que apele ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en nueva Orleans.

De fallar contra el dictamen de Hanen, el gobierno podría activar de inmediato la primera la primera parte de la acción ejecutiva que beneficia a los dreamers, cuya recepción de solicitudes iba a comenzar el 18 de febrero.

Además del freno temporal de las deportaciones, los beneficiarios de DAPA y DACA recibirán un permiso de trabajo renovable cada tres años.


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