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Otro alguacil que quiere facultades para perseguir inmigrantes en Arizona

Agencia EFE. Desde Phoenix, Arizona. | 6 de Agosto de 2007 a las 00:00
El alguacil del condado Pinal en Arizona solicitó al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) que entrene a sus agentes para ejercer funciones migratorias y aplicar la ley estatal 100, siguiendo una iniciativa de su colega del condado Maricopa. El alguacil Chris Vásquez informó hoy que el entrenamiento del primer grupo de diez agentes, entre ellos cinco oficiales de los centros de detención, podría comenzar a partir del mes de octubre en la cárcel federal de Florence. Vásquez dijo que este adiestramiento servirá para que sus agentes estén mejor preparados para hacer cumplir la ley estatal 100, aprobada el pasado mes de noviembre por los votantes de Arizona y que niega la posibilidad de salir bajo fianza a todo inmigrante indocumentado que haya sido acusado de un delito mayor. Una vez finalizado el entrenamiento, de unas cinco semanas, los oficiales del alguacil podrán detener a indocumentados que hayan sido acusados de un delito hasta que éstos sean entregados al ICE para su deportación. El condado Pinal se encuentra entre el condado Pima y el condado Maricopa, una ruta utilizada frecuentemente por los traficantes de indocumentados en su camino hacia ciudades como Phoenix. Con esta petición, Vásquez se convierte en el segundo alguacil en Arizona en solicitar entrenamiento al Gobierno federal para que sus oficiales tengan funciones de agentes de Inmigración. El pasado mes de febrero, varios agentes del alguacil del condado Maricopa, Joe Arpaio, iniciaron el mismo programa que los certifica para hacer cumplir leyes federales. Arpaio es la única autoridad en el estado de Arizona en aplicar la ley estatal anti-coyote, que permite presentar cargos en contra de los traficantes de indocumentados y de aquellos que aceptan haber pagado por sus servicios. Hace dos semanas, el también conocido como el "alguacil más duro del oeste" estableció una línea telefónica en la que residentes de su condado denuncien la presencia de presuntos inmigrantes indocumentados. El alguacil Vásquez aseguró que sus agentes no detendrán o cuestionarán a una persona basándose solamente en el perfil racial. Por su parte, Lindsay Marshall, directora del Proyecto de los Derechos de los Refugiados e Inmigrantes en Florence, expresó su preocupación ante el anuncio hecho por la oficina del alguacil del condado Pinal. "Aplicar las leyes de inmigración es la función del gobierno federal," aseguró Marshall. Y agregó que el hecho de que oficiales estatales puedan ejercer como agentes de inmigración evitará que los indocumentados tengan la confianza de acudir a las autoridades y denunciar delitos que hayan sido cometidos en su contra o de los que hayan sido testigos. "No se le puede pedir cooperación a la comunidad inmigrante y al mismo tiempo amenazarlos con una posible deportación", sostuvo la directora del proyecto que asiste a inmigrantes indocumentados que enfrentan un proceso de deportación. En Arizona se han aprobado una serie de leyes que penalizan severamente a todos aquellos que han cruzado la frontera de manera ilegal. En noviembre pasado, los votantes aprobaron una ley que obliga a los estudiantes indocumentados a pagar colegiaturas como extranjeros y el pasado mes, la gobernadora Janet Napolitano firmó una ley que entrará en vigor en enero próximo y que establece duras sanciones contra los negocios que contraten trabajadores indocumentados. En Arizona los indocumentados tampoco pueden obtener una licencia de conducir, recibir beneficios médicos o acceder a clases de inglés como segundo idioma. Según un informe de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, los entes legislativos del país han debatido 1.404 medidas y han aprobado 170 leyes sobre inmigración durante el presente año, ante el fracaso del Gobierno federal por corregir el sistema migratorio actual.

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