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Organizaciones de Georgia vigilantes ante ordenanzas antiinmigrantes

Agencia EFE. Desde Atlanta, Georgia. | 16 de Agosto de 2007 a las 00:00
Varios condados de Georgia han aprobado o intentan aprobar ordenanzas para limitar los derechos de los inmigrantes indocumentados, ante lo que organizaciones hispanas de la zona se mantienen vigilantes. "Es una situación que nos preocupa porque los gobiernos locales están tomando decisiones que son propias del gobierno federal y eso no debe ser así porque ellos no tienen el poder de regular la inmigración", señaló a Efe Jerry González, el director ejecutivo de la Asociación de Funcionarios Electos Latinos de Georgia (GALEO, por sus siglas en inglés). De acuerdo con González, la aprobación de estas ordenanzas es en respuesta de la ausencia de una reforma migratoria en el Congreso federal. "Los gobiernos locales están frustrados por la falta de acción del Gobierno federal, pero esa frustración no debe ser utilizada como una excusa para promover leyes contra los inmigrantes indocumentados", aseveró el activista. Uno de los casos más recientes es el del Concejo del condado de Forsyth que está considerando la aprobación de una ordenanza que limitaría el número de residentes que pueden vivir en una casa. La iniciativa que estudian los comisionados de Forsyth establecería restricciones al número de personas y la relación entre éstas de acuerdo con el tamaño de la propiedad. El condado de Cobb, donde la población hispana asciende a 68.000 residentes, aprobó en julio una medida similar que limitaba el número de residentes y automóviles por vivienda. El Gobierno local de la zona ha intensificado la aplicación de medidas que buscan frenar la inmigración ilegal y desde mediados de año verifica el estatus migratorio de los extranjeros detenidos. Otro de los condados que ha aprobado recientemente ordenanzas para limitar el acceso a sus servicios a los inmigrantes indocumentados es el de Gwinett, al noroeste de Atlanta, donde una ordenanza que exige a las empresas que tienen contratos con el Gobierno local verificar el estatus migratorio de sus empleados entró en vigencia en junio. En una decisión que activistas hispanos calificaron como positiva, los concejales de Cobb retiraron el martes pasado una propuesta que buscaba penalizar a quienes contrataran jornaleros en la vía pública debido a que podría ser desafiada en corte por grupos a favor de los inmigrantes que aseguraban que la iniciativa era inconstitucional. Para Elise Shore, abogada del Fondo para la Educación y la Defensa Legal de Mexicoamericanos (MALDEF, en inglés), el reciente fallo de un juez federal en contra de una medida antiinmigrante en Hazleton, Pensilvania, sienta un precedente que favorece a las organizaciones que llevan a cabo esfuerzos a favor de los derechos de la población indocumentada. "El caso de Hazleton ha sentado un precedente importante porque en este se aclara que los inmigrantes indocumentados todavía tienen derechos según la enmienda catorce (de la Constitución de Estados Unidos) porque se habla de personas y no de ciudadanos y el caso de Cobb podría ser una consecuencia de esto", dijo a Efe Shore. La ley de Hazleton, que fue una de las primeras ordenanzas de este tipo en ser aprobadas a nivel nacional, buscaba sancionar a quienes emplearan o alquilaran viviendas a inmigrantes indocumentados y declaraba el inglés como idioma oficial. "Ahora estamos estudiando cada una de estas ordenanzas y negociando con los condados para evitar que sean aprobadas porque en muchos casos son un pretexto para discriminar", afirmó la abogada.

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