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Lanzan ofensiva contra inmigrantes en Virginia

LaVoz.com. Desde Richmond, Virginia. | 26 de Agosto de 2007 a las 00:00
Un miembro republicano de la Cámara de Representantes del estado de Virginia anunció que presentará un proyecto de ley que se recorte los fondos estatales a aquellos gobiernos locales que no inspeccionen el estatus migratorio de aquellos residentes que reciben asistencia pública. El representante por el condado de Prince William, Jeffrey M. Frederick, dijo que su iniciativa busca que aquellos municipios que no cumplan pierdan todos sus fondos estatales, incluyendo los destinados a transporte y desarrollo económico. "Los extranjeros ilegales no deben tener un santuario en la comunidad de Virginia", afirmó Frederick, cuya madre nació en Colombia. "No necesitamos darles incentivos para hallar atajos y violar las reglas", agregó el delegado, quien afirma ser el primer latino en ser elegido a un cargo estatal en Virginia. Frederick sostuvo que su iniciativa busca endurecer una ley de Virginia de 2005 que le prohibe a los gobiernos locales proporcionar algunas prestaciones sociales a inmigrantes que no puedan comprobar su residencia legal. El delegado planea que cada municipio demuestre que está cumpliendo con la ley adoptando ordenanzas similares a unas propuestas en los condados de Prince William y Loudoun. Las juntas de gobierno de ambos condados, en el norte de Virginia, votaron este verano para negarle servicios a los inmigrantes indocumentados y reforzar la aplicación de la ley contra ellos. Las autoridades de Arlington y Fairfax han dicho que prefieren dejarle la responsabilidad de aplicar las leyes de inmigración a las autoridades federales. Ambos condados también han dicho que no apoyan la creciente cooperación entre los departamentos locales de policía y las autoridades de inmigración porque temen que algunos inmigrantes sin residencia legal eviten reportar delitos o ayudar en investigaciones por miedo a ser deportados. Corey A. Stewart, quien preside la junta de supervisores del condado de Prince William, criticó a su colega de Fairfax por rechazar participar en un programa de entrenamiento que le permite a la policía local tener acceso a los bancos federales de datos de inmigración y deportar rápidamente a las personas detectadas. En respuesta, el presidente de la junta de supervisores de Fairfax, Gerald E. Connolly, acusó a Stewart de aprovechar el tema de los inmigrantes con fines políticos. "Nosotros estamos intentando enfocarnos en la naturaleza del problema en el barrio, en lugar del estatus (legal o no), porque esa no es nuestra misión", declaró en una entrevista al diario Washington Post. "Esa es una misión federal. Nuestras manos ya están muy ocupadas a nivel local", agregó. Frederick fustigó al condado de Arlington, al acusar al gobierno local de proporcionar subsidios de albergue a inmigrantes a sabiendas de que son indocumentados. El presidente de la junta de Arlington, Paul Ferguson, negó la acusación y dijo que su condado no busca activamente la información sobre el estatus de inmigración de sus residentes a menos que lo requiera la ley.

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