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AFL-CIO demanda al gobierno por redadas contra ilegales

LaVoz.com. Desde Washington. | 30 de Agosto de 2007 a las 00:00
La mayor confederación de sindicatos del país demandó el miércoles al gobierno federal en torno a un plan para castigar a los empleadores que contraten a inmigrantes ilegales. La central sindical argumenta que un incremento en el escrutinio de los números de la Seguridad Social derivará en errores y pondrá en riesgo los empleos de los trabajadores que se encuentran legalmente en el país. Las nuevas normas, programadas para entrar en vigor el 14 de septiembre, violarán los derechos de los trabajadores e impondrán pesadas obligaciones sobre los empleadores que reciban cartas de la Administración de la Seguridad Social, donde se les indique que los documentos "no concuerdan" y se les informe que algunos de sus empleados no tienen autorización para laborar, de acuerdo con la demanda de la AFL-CIO interpuesta en la Corte Federal de Distrito en San Francisco. "Hemos visto a empleadores valerse de estas cartas de 'no concordancia' como una herramienta para acabar con los sindicatos", dijo Ana Avendaño, abogada de la AFL-CIO y directora de su programa para trabajadores inmigrantes. "Los empleadores echarán un vistazo a todas estas cartas, verán todas las cargas nuevas (que enfrentan) y simplemente decidirán despedir gente". La demanda, interpuesta en favor de la AFL-CIO por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, busca obligar al gobierno del presidente George W. Bush a detener el plan. En un comunicado, el Departamento de Seguridad Interior dijo que la demanda era "un intento obvio para obstruir la capacidad del departamento de hacer cumplir nuestras leyes de inmigración. No tiene ninguna razón sustantiva y pretendemos luchar contra ella con todo vigor". La Administración de la Seguridad Social envía cartas de "no concordancia" a trabajadores y sus empleadores donde se les notifica que hay discrepancias en los documentos que presentaron, como cuando sus números de la Seguridad Social no concuerdan con sus nombres. Las misivas no son compartidas con otras agencias gubernamentales debido a las normas que regulan la privacidad. Aunque los empleadores tienen prohibido contratar a trabajadores ilegales, usualmente su responsabilidad al recibir una de estas cartas concluía al notificarle al empleado sobre las discrepancias. Bajo las nuevas normas, ahora los empleadores tendrán que despedir a los empleados incapaces de aclarar los problemas con sus números de la Seguridad Social en un período de 90 días. Los empleadores que no cumplan podrían enfrentar multas y verse sujetos a un juicio penal.

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