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San Francisco estudia política de refugio para inmigrantes

San Francisco. Agencias. | 20 de Octubre de 2015 a las 16:10

Los supervisores municipales de San Francisco decidirán el martes si mantendrán una política que impide la cooperación con las autoridades federales de inmigración, que concitó la atención pública cuando un mexicano que entró ilegalmente en Estados Unidos mató a una mujer.

La Junta de Supervisores considerará dos resoluciones no obligatorias pero de simbolismo inequívoco casi cuatro meses después que Kate Steinle, de 32 años, fue muerta a tiros por un mexicano que había quedado en libertad de la cárcel pese a pedidos federales de detenerlo para someterlo al proceso de deportación.

Una resolución reafirmaría la llamada política de refugio "sanctuary" (santuario), mientras la otra la flexibilizaría permitiendo a las autoridades policiales comunicarse con las autoridades federales sobre prisioneros que pudieran estar sujetos a deportación.

La muerte de Steinle empaña la imagen de la ciudad que se enorgullece en declararse refugio para los inmigrantes. Después que provocó indignación a nivel nacional, la senadora Dianne Feinstein, demócrata de California, criticó al jefe de policía por considerar que el sospechoso Juan Francisco Sánchez López debió haber sido detenido.

Sánchez López dijo que halló la pistola debajo de un banco en un muelle y que el arma se disparó accidentalmente cuando la recogió.

En Washington, D.C., el Senado vota el martes un proyecto que castiga a las jurisdicciones que no cooperen con los agentes federales de inmigración. La Casa Blanca amenaza vetar el proyecto por considerar que provocaría desconfianza entre los gobiernos federal y locales.

San Francisco se declaró ciudad-refugio en 1989 cuando aprobó una ordenanza que prohíbe a las autoridades municipales imponer el cumplimiento de las leyes de inmigración o hacer preguntas sobre el estado inmigratorio a menos que sea requerido por la justicia o una orden judicial.

San Francisco y otras ciudades y condados han ignorado rutinariamente los pedidos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de mantener presos en detención. Las jurisdicciones dicen que no pueden retenerlos más allá de sus fechas del término de la pena sin causa probable.

Sin embargo, más de la mitad de las 340 jurisdicciones que antes se negaban a cooperar ahora lo están haciendo de algún modo, siempre que no tengan que mantener detenidos a los inmigrantes.


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