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Piden a la Corte de EEUU evitar deportaciones

Washington. Agencias. | 21 de Noviembre de 2015 a las 12:31

El Gobierno del Presidente Barack Obama pidió a la Corte Suprema que resuelva rápidamente sobre sus planes para impedir la deportación de millones de inmigrantes que se encuentran en situación irregular y darles permisos de trabajo.

Los documentos presentados piden al alto tribunal un "examen inmediato" del deseo del gobierno de proteger hasta 5 millones de inmigrantes, que en su mayoría son padres de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes en situación regular.

La apelación, presentada un año después de que Obama anunció sus medidas ejecutivas sobre inmigración, pide a la Corte que intervenga en una disputa entre 26 estados principalmente de gobierno republicano y el gobierno central demócrata, en medio de una campaña electoral en el cual la inmigración es un tema crucial.

Si la corte acepta el caso y falla hacia fines de junio y si el fallo es favorable al gobierno, a Obama le quedarán siete meses para aplicar sus planes.

Sin embargo, el tiempo vuela. Texas, el estado que encabeza la demanda, tiene 30 días para responder, pero puede pedir una extensión. Si los jueces no aceptan el caso para mediados de enero, el asunto probablemente no se resolverá durante la presidencia de Obama, que finaliza en enero de 2017.

Lo que está en juego es el programa de suspensión temporal de deportaciones de padres de estadounidenses, que según Obama permitiría a las personas que han vivido en Estados Unidos durante más de cinco años y tienen hijos que se encuentran en situación regular en el país "salir de las sombras y quedar en acuerdo con la ley".

Texas impugnó rápidamente el programa y ha ganado cada apelación hasta ahora, lo que le ha permitido bloquear el plan.

Recientemente, la corte de apelaciones del Quinto circuito falló a favor de los estados.

El gobierno presenta tres argumentos principales a la Corte Suprema: los estados no tienen derecho a impugnar la norma ante la justicia federal; el gobierno se atuvo a las normas de procedimiento y tiene amplia discreción en materia inmigratoria.

Sin la intervención de la Corte Suprema, millones de personas se verán obligadas a "seguir trabajando clandestinamente, sin la opción de un empleo legal para mantener a sus familias", dijo el procurador general Donald Verrilli Jr. en el documento presentado.

El futuro de los aproximadamente 11 millones de inmigrantes que se encuentran en situación irregular en el país ha sido tema de debate de los precandidatos tanto republicanos como demócratas. Hillary Rodham Clinton, quien encabeza la disputa demócrata, ha prometido ir más allá de Obama para proteger de la deportación a grandes grupos de inmigrantes.

El aspirante republicano Donald Trump ha propuesto deportar a todos los que viven en el País ilegalmente, una idea compartida por algunos de sus rivales por la candidatura y descartada por otros.

Obama dijo que actuó por cuenta propia ante la incapacidad del Congreso para aprobar una ley inmigratoria general. Un programa anterior que no ha sido impugnado protege a los inmigrantes introducidos de manera irregular al país cuando eran niños. Más de 720 mil jóvenes han recibido permisos para residir y trabajar en Estados Unidos.

Unas 231 mil personas fueron deportadas durante el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre, según documentos internos del gobierno obtenidos por The Associated Press.

Grupos reaccionan a apelación

Activistas celebraron la apelación que el gobierno del Presidente Barack Obama presentó ayer ante la Corte Suprema para que se pronuncie cuanto antes sobre sus planes de impedir la deportación de millones de inmigrantes que se encuentran en situación irregular.

En tanto, grupos partidarios de mayores restricciones a los 11 millones de inmigrantes que residen en Estados Unidos sin autorización criticaron al gobierno federal por pedir a la Corte que revise el fallo emitido este mes por un tribunal de circuito, el cual impidió la implementación de los beneficios para 5 millones de inmigrantes anunciados por Obama hace exactamente un año.

"Estamos aquí celebrando esto (la apelación) y enviando el mensaje a la Corte de que es el momento de actuar para que liberen a 5 millones de nuestros hermanos y hermanas", dijo Gustavo Torres, presidente de Casa de Maryland, ante docenas de personas concentradas frente al máximo tribunal con pancartas y banderas. "Los jueces son seres humanos y nos escuchan y creo que van a tomar una decisión a nuestro favor", agregó.

Una de las manifestantes era María Guevara, un ama de casa hondureña de 41 años que asistió con dos hijos.

"Ya arreglaron los matrimonios homosexuales y la ley de salud. Ahora les toca resolver lo que nos afecta a 5 millones de personas. Esto es muy importante", dijo a AP Guevara, quien necesita regularizar su estatus migratorio al igual que su esposo y tres de sus seis hijos.

Casi simultáneamente, docenas de personas se manifestaron frente a la Casa Blanca con altavoces y consignas.

Alejandro Santiago, un jornalero guatemalteco de 35 años, indicó a AP que a un año desde que el beneficio migratorio fuera anunciado "aún no tenemos nada. Queremos recordar que seguimos pendientes porque tenemos miedo a las deportaciones".

Los beneficios migratorios, conocidos por sus siglas en inglés como DAPA, no han podido ser implementados desde que un grupo de 26 gobernadores republicanos encabezados por Texas interpusieron una demanda alegando que Obama había abusado de su autoridad presidencial.

El Senador texano John Cornyn, el segundo más importante en la bancada republicana, dijo ayer estar convencido de que "el estado de Texas prevalecerá en este caso".

Roy Beck, presidente de una organización que busca reducir la inmigración llamada NumbersUSA, señaló que la apelación ante la Corte Suprema "es solamente el ejemplo más reciente de que la principal prioridad para el Presidente Obama es permitir a millones de extranjeros apropiarse de empleos estadounidenses".

Si la Corte acepta el caso podría fallar hacia fines de junio de 2016. Si los jueces no aceptan el caso para mediados de enero, el asunto probablemente no se resolverá durante la presidencia de Obama, que finaliza en enero de 2017.


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