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Sindicato demanda a autoridades migratorias por redadas

LaVoz.com. Desde Omaha, Nebraska. | 12 de Septiembre de 2007 a las 00:00
Al señalar que las autoridades violaron los derechos de varios trabajadores con una serie de allanamientos realizados en diciembre, un sindicato presentó el miércoles una demanda para impedir que las autoridades migratorias realicen lo que se considera como arrestos ilegales en el área de trabajo. La demanda presentada por el sindicato de trabajadores de la alimentación y el comercio, presentada ante una corte federal en Amarillo, Texas, indica que los agentes detuvieron ilegalmente a trabajadores y violaron sus derechos constitucionales durante los allanamientos de seis plantas de la empresa de carne empaquetada JBS Swift & Co. La demanda exige también que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) indemnice a los detenidos. Funcionarios del ICE conducían una investigación sobre robo de identidades, en la cual arrestaron a 1.297 trabajadores. Sin embargo, el sindicato señala que más de 12.000 fueron detenidos durante la operación. Las plantas allanadas se encuentran en Cactus, Texas; Grand Island, Nebraska; Greeley, Colorado; Hyrum, Utah; Marshalltown, Iowa; y Worthington, Minnesota. El presidente del sindicato, Joseph Hansen, dijo que empleados que no fueron acusados de delito alguno fueron esposados durante horas, se les negó acceso a teléfonos, baños, asesoría legal o sus familias. Lo que paso a los empleados de Swift, y a los de otras plantas no mencionadas por Hansen, resulta "ultrajante", según expresó el martes. "Si no defendemos a los trabajadores cuando esto pasa, ¿entonces quién lo hará? Creo que esto no solamente es obligación de un sindicato, sino lo correcto", dijo Hansen. De acuerdo con el ICE, 274 personas resultaron acusadas de robo de identidad y otros crímenes, ajenos a las leyes migratorias. Casi todos los 274 fueron encausados, dijo el vocero del ICE, Tim Counts, el martes. De entre los detenidos por residir ilegalmente en el país, un total de 649 han sido expulsados de Estados Unidos para el 1 de marzo, de acuerdo con los datos más recientes. Los deportados provenían de Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Perú. El ICE regresó a las plantas en julio y realizó otros 20 arrestos, entre ellos el de un gerente de recursos humanos y un representante sindical, acusados de reclutar y darle refugio a indocumentados. El gerente fue acusado de animar a un trabajador detenido en diciembre a buscar documentos falsos y pedir otro empleo en la planta de Marshalltown. El sujeto, quien cooperaba con el ICE, fue recontratado en junio. El directivo está a la espera de su juicio. El dirigente sindical en tanto se encuentra acusado de ocultarle a las autoridades migratorias la presencia de indocumentados en Marshalltown. Espera también su juicio. Counts dijo no estar al tanto de lo ocurrido con los otros 18 sospechosos y la fiscalía en Des Moines, Iowa, no respondió de inmediato un telefonema de The Associated Press. Ocho trabajadores sindicales y el gremio presentaron la demanda, pero funcionarios sindicales esperan que al menos tres veces más personas declaren contra los agentes federales. Además de detener los allanamientos, la demanda pide el pago de daños para los empleados que dicen que sus derechos fueron violados, citando la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la primera, cuarta y quinta enmiendas de la Constitución. Swift se ha negado a comentar sobre la demanda el miércoles, al no estar contemplado en ella, dijo Chad Hamilton, asesor legal de la empresa. La firma brasileña JBS S.A. compró Swift por 1.500 millones de dólares en junio.

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