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Indocumentados: represión y xenofobia

Agencia Prensa Latina. Desde Ciudad de México. | 16 de Septiembre de 2007 a las 00:00
El fracaso del proyecto de ley de reforma migratoria en el Senado de Estados Unidos, en junio pasado, desató una nueva oleada de redadas y detenciones de indocumentados que no se recuerdan desde la época de la Gran Depresión en 1929.

Por Carlos Fazio

Se estima que seis millones de mexicanos sin documentación legal están en situación de ser perseguidos por las autoridades migratorias estadounidenses, o caer víctimas de los "grupos de odio" de supremacistas anglos que han venido proliferando en los últimos meses. Frente a la "guerra de baja intensidad" que se libra en territorio estadounidense contra sus connacionales, el presidente mexicano, Felipe Calderón, nada hace. A lo sumo se limita a emitir alguna declaración retórica para consumo interno, mientras el Banco de México contabiliza los millones de dólares que entran como remesas de los indocumentados al país y pronostica que "este será un buen año". De los 45 consulados de México en Estados Unidos, 12 de los principales están acéfalos. La lista incluye a los consulados generales en Seattle, San Francisco, San José, San Diego, El Paso, Laredo, Denver, Indianápolis, Miami y Boston, que se encuentran sin cabeza o están en proceso de salida del titular. Tal situación dificulta la protección legal de los mexicanos indocumentados, en momentos en que el Departamento de Seguridad Doméstica (DHS) de Estados Unidos protagoniza una dura campaña contra los inmigrantes, que incluye el envío de cartas a más de 140 mil empleadores, donde figurarían los números del Seguro Social, presuntamente falsos, de unos 8.7 millones de trabajadores. Desde este 9 de septiembre los patrones tienen 90 días para despedir a sus empleados o regularizar los datos que aparecen en las solicitudes de trabajo. Según The Washington Post, las bases de datos del Sistema de Seguridad Social contienen información errónea sobre 17.8 millones de personas, incluidos 12.7 millones de ciudadanos nacidos en Estados Unidos. La "guerra" entre los que están a favor o en contra de los trabajadores ilegales ha llegado a las pequeñas ciudades y municipios de Estados Unidos. Este año, las legislaturas de los 50 estados han considerado medidas sobre migración. Existen por lo menos mil 400 proyectos de ley, y 170 de éstos promulgados en leyes en 41 estados. Hasta ahora, todas las cortes federales han dicho que las ciudades no pueden aplicar leyes federales de migración, y por lo tanto no tienen derecho a arrestar indocumentados sólo por el hecho de serlo. Pero las cosas están cambiando. La controversia ha llegado a los cuerpos policíacos, que como van las cosas podrían convertirse en una migra paralela. La situación podría llevar a miles de inmigrantes a vivir en guetos para escapar a la acción de la justicia. Además, los gobiernos de más de 100 ciudades y condados han emitidos órdenes que incluyen desde la proclamación del inglés como "idioma oficial" a la negación de servicios públicos a los ilegales. Las nuevas medidas son una evidencia de que Bush se tuvo que rendir ante grupos extremistas anti-inmigrantes. El proyecto de reforma en el Congreso abría el camino para regularizar a unos 12 millones de inmigrantes indocumentados, al tiempo que estructuraba mecanismos para legalizar la mano de obra extranjera con programas de trabajo temporal y nuevos criterios para la inmigración legal. Para la mayoría de los republicanos, cualquier mecanismo de regularización que contemple posibilidades de postular a una residencia permanente o a la ciudadanía es equivalente a una "amnistía" para delincuentes y no merece apoyo. El colapso del paquete migratorio significó otra gran derrota para Bush, ya que con su aprobación esperaba mejorar un legado histórico empañado por la guerra en Iraq y sacudirse de paso una percepción generalizada de incompetencia política. Pero es precisamente porque Bush, con grados de popularidad de apenas 30 por ciento, ha perdido su liderazgo que no pudo disciplinar a su propia bancada en el Congreso. A la vez, al privilegiar finalmente a los sectores duros de su propio partido contribuyó a una polarización extrema en el país. La xenofobia contra los inmigrantes indocumentados ha sido alentada por el diputado federal republicano Tom Tancredo, el ex aspirante presidencial Pat Buchanan y el locutor de la cadena CNN, Lou Dobbs. También han contribuido el Centro de Estudios sobre Migración y el representante James Sensenbrenner, que bajo la premisa de la legalidad han revitalizado un rostro racista que muchos estadounidenses quisieran ver olvidado. Según un estudio de la Cámara de Diputados de México, existen en Estados Unidos 844 asociaciones de corte extremista anti-inmigrantes, mejor conocidas como "grupos de odio", que se dedican a ejercer la violencia en contra de extranjeros sin papeles legales. Sólo en los estados del sur de Estados Unidos (fronterizos con México) hay 130 de esas agrupaciones. Algunas están formadas por neonazis, supremacistas blancos o neoconfederados, otras por cabezas rapadas y miembros del Ku-Klux-Klan. De acuerdo con el informe, basado en datos suministrados por el organismo estadounidense Southern Poverty Law Center, esas asociaciones cometen actos criminales, manifestaciones neonazis, entonan cantos al "poder blanco" y distribuyen publicaciones con tintes de xenofobia, animadversión étnica, religiosa e ideológica hacia los inmigrantes. Ante el giro que tomaron los hechos en el último mes, favorecido por la debilidad de Bush, algunas voces en México comienzan a advertir que millones de indocumentados podrían estar en el umbral de un callado pogrom. Por eso, sugieren a Felipe Calderón que en vez de sacarse fotos con Elvira Arellano, la indocumentada mexicana recientemente deportada, informe sobre sus planes para generar trabajo en el país. Le recuerdan que durante su campaña se vendió publicitariamente como "el presidente del empleo". (**) El autor es un reconocido articulista de la prensa mexicana.

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