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Acorralados, los ilegales piensan en el retorno a sus países

LaVoz.com. Desde Phoenix, Arizona | 17 de Septiembre de 2007 a las 00:00
Nuevas leyes con duras sanciones para las empresas que contratan indocumentados están haciendo que los extranjeros sin papeles consideren una posibilidad que hasta hace poco parecía impensable: regresar por su propia cuenta a sus países, donde tendrán menos oportunidades de trabajo, menos dinero y menos horizontes para sus hijos. Una ley estatal que entrará en vigor en enero en Arizona exigirá a los empleadores que corroboren el estatus migratorio de un empleado usando un banco de datos del gobierno federal. De ser sorprendidos dos veces violando esta norma, podrían perder sus licencias. Otros estados y localidades consideran leyes similares. Los indocumentados se preguntan qué impacto tendrá la nueva norma. Están llamando a los consulados mexicanos para que les expliquen los alcances de la ley, pidiendo asesoría a programas radiales en español y siguiendo de cerca el tema a través de diarios en español. Muchos han dicho que podrían regresar a sus países, pero que esperarán hasta enero, para ver si sus patronos les piden documentos. "Si me quedo sin trabajo, regreso a México", expresó Elías Velásquez, un indocumentado que vino de Puebla hace un año con su esposa. Velásquez, quien trabaja en un almacén de comestibles de Phoenix, dijo que por ahora nadie le ha pedido que demuestre que se encuentra en el país legalmente. Indicó que le gustaría quedarse en Arizona para darle una vida mejor a su esposa y una hija que está por llegar, que le gustaría naciese en Estados Unidos y fuese ciudadana estadounidense. "Vine aquí a trabajar. Me preocupa volver. No hay dinero en México", manifestó. Alfredo Gutiérrez, líder comunitario que conduce un programa radial sobre temas de inmigración, dijo que ha cundido el pánico entre los indocumentados debido a la fuerza que han tomado las campañas tendientes a combatir la inmigración ilegal. Esas campañas incluyen redadas en sitios de trabajo, en cumplimiento de leyes ya vigentes. "Piensan que deben prepararse para lo peor", expresó. "Hay mucha preocupación. No me cabe duda de que mucha gente está pensando en irse y de que esta (legislación) pude ser la gota que colma el vaso". Gutiérrez aludía a una serie de leyes aprobadas en el estado y a la atmósfera hostil que se ha creado en torno a los indocumentados en Arizona, el estado por el que ingresan al país más inmigrantes sin papales. El Centro Hispano Pew calcula que uno de cada diez trabajadores es indocumentado en Arizona. Muchos militantes de la causa de los indocumentados dicen que todavía no conocen de casos en los que alguien se haya ido del país por temor a las nuevas leyes, pero conciden en que es una posibilidad. Y en que, a medida que se acerca enero, será cada vez más factible. El representante estatal Russell Pearce, autor de la ley con sanciones a los empleadores, dijo que el objetivo es hacer que los indocumentados se "deporten solos". "Igual que en Disneylandia: Apagan las luces, dejan de funcionar los juegos y la gente se va a casa. Ya no hay nada gratis", declaró. "Tenemos la autoridad para hacer cumplir la ley", sostuvo. "Y Arizona está a la vanguardia. Perseguiremos a los empleadores que contraten a sabiendas a indocumentados. Espero que la nación siga nuestro ejemplo". Arizona no es el único lugar del país donde los indocumentados temen redadas. En Panama City Beach, Florida, se reportó que varios extranjeros sin papeles se fueron cuando la policía comenzó a presentarse en obras de construcción para ver quiénes salían corriendo. La policía dijo que hizo decenas de operaciones de ese tipo y que dio con más de 500 indocumentados, cuyos nombres pasó a las autoridades de inmigración. También han aprobado duras normas tendientes a combatir a los indocumentados en sitios como Hazleton, localidad de Pensilvania que aprobó la aplicación de multas a quienes alquilen viviendas a indocumentados y niega permisos para operar a quienes los contraten. Un juez federal vetó esas normas, pero la municipalidad de Hazleton apeló el fallo. De vuelta en Arizona, Angelina Medina, una mujer de 25 años con dos hijos, dijo que ella y su esposo comenzaron a hablar de la posibilidad de irse cuando se enteraron de las sanciones contra los empleadores hace un par de meses. Medina y su esposo son indocumentados, pero sus hijos, de cuatro y seis años, nacieron en Estados Unidos. "Temo por mis hijos. No quiero irme del país", dijo la mujer. Shela Chávez, indocumentada guatemalteca que vino a Arizona con su marido hace nueve años, afirmó que ambos consideran seriamente la posibilidad de volver a su país. "Es injusto. Hacemos todos los trabajos difíciles en este país", se lamentó. Chávez dijo que teme por sus hijas, de uno y cinco años, quienes son ciudadanas estadounidenses. Si deben regresar a Guatemala, sus hijas se criarán en un país mucho más pobre, que ofrece menos oportunidades. "Para ellas, este es su país", expresó Chávez. "Quiero quedarme para que mis hijas puedan estudiar, ir a la universidad y conseguir trabajo. Quiero que tengan una vida mejor que la que tuve yo".

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