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Quieren obligar a inmigrantes a renovar la «green card»

Agencia EFE. Desde Washington. | 18 de Septiembre de 2007 a las 00:00
La pretensión del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU (USCIS, en inglés) de obligar a los residentes permanentes con tarjetas sin fecha de vencimiento a renovar su documento provocó el martes la reacción del Caucus Latino. USCIS, que hizo pública su propuesta discretamente a finales del pasado agosto, pretende obligar a los residentes legales que llevan en el país más de 18 años, a que renueven sus "green card" con el fin de evitar falsificaciones y mantener el registro a punto. La medida sugerida por el USCIS requiere la aprobación final del Congreso. De salir adelante, obligaría a unas 750.000 personas que recibieron su "green card" entre 1979 y 1989 a afrontar un nuevo trámite para renovar su tarjeta de residencia por una nueva -a prueba de fraudes- al precio de 370 dólares. "Vamos a estar recibiendo comentarios sobre esta propuesta hasta el día 21 de este mes y vamos a evaluarlos con detenimiento", dijo a Efe Dan Kane, portavoz del USCIS. "En el futuro próximo haremos un anuncio definitivo", agregó. Las nuevas tarjetas expirarán cada diez años, al igual que las que se vienen otorgando desde agosto de 1989, y tendrán más medidas de seguridad que las antiguas. La propuesta no ha sentado bien a organizaciones como el Caucus Latino, que agrupa a legisladores demócratas latinos, que teme que tanto el USCIS como el Departamento de Seguridad Nacional "no cooperen" de forma adecuada para solventar las necesidades de esos residentes permanentes. Además, considera que el tiempo estimado para la renovación de las "green card" es escaso. "Urgimos al secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, a trabajar junto al Caucus Latino para asegurar que los afectados reciban los avisos adecuados y para afrontar sus necesidades", dijo en un comunicado el congresista demócrata Joe Baca, presidente de la organización. Luis Gutiérrez, presidente del grupo de trabajo de los legisladores latinos, indicó que de aprobarse tal cual está expuesta actualmente, la medida sería "otro ejemplo manifiesto de las demandas poco razonables y a tan alto precio hacia los inmigrantes mientras se les proporciona servicios deficientes". Gutiérrez criticó el hecho de que después de dieciocho años sin que el Gobierno estadounidense haya tomado decisión alguna, los 750.000 afectados tengan que pagar ahora alrededor de 275 millones de dólares en total para solicitar una nueva tarjeta de residencia. "Pedimos a la agencia que trabaje con nosotros para crear un seguro más efectivo y a prueba de posibles falsificaciones", añadió.

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