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Inmigrante mexicana pide USD 30 millones por maltrato a su hijo

Agencia EFE. Desde Chicago, Illinois. | 20 de Septiembre de 2007 a las 00:00
Una mujer mexicana demandó el jueves a la Villa de Carpentersville, en los suburbios de Chicago, por presunta negligencia y violación de los derechos civiles de su pequeño hijo, y reclamó 30 millones de dólares como compensación. Gloria López sostiene en la demanda que su hijo Osbiel, ciudadano estadounidense, no recibió la atención debida de parte del servicio de ambulancias de emergencia de los bomberos de la villa por ser latino. En el escrito presentado en corte se afirma que el 18 de septiembre de 2006, Esther Carrera, la persona que cuidaba al niño llamó al número de emergencia 911 porque éste sufría convulsiones y tenía problemas respiratorios. Agrega que los paramédicos Diane Graham y Martin Gruber fueron testigos que Osbiel, que tenía entonces cuatro meses de vida, estaba vomitando y en problemas, pero aún así se retiraron del lugar sin trasladarlo a un centro de tratamiento de emergencia. Un segundo llamado al 911 fue realizado unas tres horas mas tarde cuando la condición del niño empeoró, y esta vez los enfermeros a cargo, identificados como Anthony Ferrero y Howard Manka, lo llevaron a un hospital. La demanda sostiene que los enfermeros Graham y Gruber no cumplieron con su deber y que, como consecuencia de ello, el niño Osbiel sufrió daños severos y permanentes que requerirán un intenso tratamiento médico. En la demanda no se detallan los daños, así como tampoco cuál es la base que permitiría afirmar que el niño no fue trasladado a un hospital en primera instancia por ser latino. La demanda reclama una compensación de 30 millones de dólares por daños, además del pago de los gastos legales. La Villa de Carpentersville, ubicada el noroeste de Chicago, tiene una creciente población latina y su gobierno ha estado envuelto en una polémica recientemente por iniciativas consideradas anti-inmigrantes. Entre ellas la posibilidad de sancionar a caseros que renten a indocumentados o empleadores que contraten a personas sin autorización para trabajar. Ambas iniciativas fueron archivadas, pero se mantiene vigente el pedido de certificación 287-G a las autoridades de inmigración para entrenar al personal policial de la villa en la identificación de indocumentados con antecedentes penales.

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