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Juez de Colorado debe decidir si es válida demanda contra Washington por inmigración ilegal

Agencia EFE. Desde Denver, Colorado. | 21 de Septiembre de 2007 a las 00:00
Tanto los abogados del gobierno federal como el juez a cargo del caso han cuestionado la validez de una demanda judicial presentada en marzo pasado por el estado de Colorado contra el gobierno federal por incumplimiento de las leyes inmigratorias vigentes. Según los abogados que representan al gobierno, la demanda tendría que ser desestimada "por falta de mérito", ya que "la corte no le puede decir al Congreso o al Presidente cómo hacer sus trabajos". Además se considera que "los estados no tienen fundamentos legales para demandar al gobierno federal en nombre de los residentes en esos estados", según los argumentos difundidos hoy. Por otro lado, el juez Lewis T–Babcock indicó que no tiene la autoridad para ordenar que el gobierno federal contrate a más guardias de seguridad y provea más centros de detención para inmigrantes indocumentados. "Si ustedes (el Estado de Colorado) consiguen lo que buscan y yo tomo control del gobierno, que el cielo nos ayude a todos", expresó el juez Babcock durante la audiencia celebrada el jueves entre abogados de los gobiernos estatales y federales en la corte federal de Denver. El procurador general de Justicia de Colorado, John Suthers, inició la acción judicial para cumplir con lo establecido en el llamado Referendo K, aprobado por un 56 por ciento del voto popular en las elecciones de noviembre del 2006, en el que se pide que por medio de una demanda se exija al gobierno federal el reembolso de los gastos en los que Colorado incurre por problemas relacionados con la inmigración de indocumentados. Un reciente estudio preparado por la oficina de Suthers revela que en 2005 Colorado destinó 36 millones de dólares en inmigrantes indocumentados alojados en las cárceles de este estado, por lo que recibió un reembolso del gobierno federal de 2,3 millones de dólares. Suthers se opuso a la petición de la demanda al considerarla un "malgasto de fondos públicos", e incluso en varias ocasiones puntualizó que demandas similares presentadas por otros seis estados no prosperaron. Sin embargo, la demanda de Colorado es la primera en ser presentada después de los ataques del 11 de septiembre del 2001. La demanda afirma que después de esos ataques la seguridad de cada estado se ve afectada por problemas de seguridad en la frontera, y que esos problemas surgen porque el gobierno federal no está cumpliendo con sus obligaciones de proveer seguridad. Según la demanda existe una "invasión de inmigrantes ilegales que podrían permitir que terroristas lleguen a Colorado", atacando, por ejemplo, la Convención Nacional Demócrata que se realizará en Denver en 2008, y, como consecuencia, "poniendo en peligro inminente a todo el estado". Los abogados de Colorado dijeron además que "el riesgo de un daño catastrófico causado por inmigrantes indocumentados es remoto pero real". Por su parte, el juez Babcock sostuvo que "ese argumento se basa en especulaciones". Los abogados del gobierno federal dijeron que las autoridades están realizando precisamente lo que se pide en la demanda, ya que en el 2006, gracias a la contratación de más agentes, la Oficina Policial de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) deportó a 186.000 indocumentados, un 10 por ciento más que el año anterior. El juez Babcock aún no ha fijado fecha para decidir el caso.

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