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Inmigrantes salvadoreños están esperanzados en Tribunal para recibir beneficios migratorios

Washington. Agencias. | 19 de Abril de 2016 a las 16:07

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos inició audiencias para escuchar sobre las medidas ejecutivas del presidente Barack Obama que beneficiarían a algunos inmigrantes.

El compatriota Federico García se coloca orgulloso el azul y blanco de la bandera salvadoreña para manifestarse frente a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.

El connacional se apostó junto a miles de manifestantes que llegaron de toda la nación para pedir al Tribunal Supremo un voto favorable a las medidas ejecutivas del presidente Barack Obama que beneficiarían a grupos de inmigrantes indocumentados y las que fueron frenadas por jueces del país, por lo que el caso pasó a discusión del máximo tribunal de justicia de la nación.

“Yo estoy pidiendo que esta corte apruebe esas medidas del presidente Obama que nos beneficiarían, yo tengo dos hijas para calificar, una de ellas nació aquí”, comentó el salvadoreño originario de Cabañas y quien lleva 11 años de residir en la ciudad de Baltimore, Maryland.

También la connacional Blanca Romero, originaria de San Miguel, llegó con una delegación procedente de la ciudad de Hanover, Pensilvania, para mostrar la petición de las organizaciones pro inmigrantes para que la Corte Suprema de Justicia de un voto favorable a las medidas ejecutivas suspendidas en su aplicación.

“Llegué hace 16 años a Estados Unidos, yo tengo documentos, pero uno se solidariza con la gente que no tiene y que se puede beneficiar de las medidas que han sido rechazadas, ojalá que de aquí salga algo para que pasen”, agregó mientras empuja un cochecito en compañía de una amiga guatemalteca con quien ha llegado desde Pensilvania movilizadas por una organización que forma parte de la logística de la concentración.

La Corte Suprema de Justicia ha iniciado audiencias para escuchar posturas sobre  los programas de Acción Diferida para Padres de Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales, conocida como DAPA, y  la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, por sus siglas en inglés.

Con la llamada “crisis humanitaria de los niños migrantes centroamericanos”, desatada en el verano de 2014, el presidente Barack Obama anunció en noviembre de aquel año un plan para que grupos familiares pudieran ampararse a un estatus legal temporal en el país, mientras sorteaban caminos a una solución definitiva. La serie de requisitos incluye estar libre de antecedentes criminales y muestras de haber pagado impuestos.

Los dos programas incluyeron ampliar la elegibilidad para los llegados en la infancia, siempre que hayan llegado antes de cumplir 16 años de edad y cuyo límite máximo era demostrar que entraron de manera indocumentada a Estados Unidos antes del 1 de enero de 2010, el programa les facilitaría un permiso de trabajo por dos años.

La otra medida y más cuestionada por los grupos antiinmigrantes fue la que propone beneficios a padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes para calificar por un permiso de trabajo de tres años, con posibilidad de renovación, siempre y cuando hayan ingresado a Estados Unidos antes de enero de 2010, según consigna el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

En este beneficio tiene la mirada puesta el salvadoreño Federico García, quien acudió  junto a su compañera Irma Orantes, originaria de Cuscatlán para manifestarse frente a la Corte Suprema de Justicia.

El conjunto de acciones que anunció el presidente Obama fue impugnado en una  Corte Federal del Estado de Texas, amparadas por 26 Estados del país, el juez Andrew S. Hanen emitió la sentencia en febrero de 2015, cuando dejó sin autoridad al presidente Obama para poner en marcha esos beneficios.

En noviembre del año pasado, DAPA y DACA sufrieron otro revés luego que una Corte de Apelaciones de Nueva Orleans, Luisiana, ratificó la sentencia del juez federal; con ese precedente el caso pasó a la Corte Suprema de Justicia que decidirá si el presidente Barack Obama tiene autoridad constitucional para ofrecer esos beneficios migratorios a los indocumentados.


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