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Sentencian a consejero de centro «familiar» de migrantes señalado de abuso sexual

Washington. Por Pilar Marrero/Agencias. | 19 de Abril de 2016 a las 16:14

Una joven madre hondureña, que huyó de su país con su hijo de 3 años en 2014 durante lo más grueso del éxodo de ese país hacia Estados Unidos, es la sobreviviente de un caso de abuso sexual “institucional” por el cual un consejero del Centro de Detención de Berks, en Pennsylvania fue sentenciado hace unos días.

Daniel Sharkey, de 41 años, fue sentenciado la semana pasada por un juez en Pennsylvania a cumplir entre seis y 23 meses de presión, tres años de libertad condicional, además del mandato de registrarse como abusador sexual durante al menos quince años.

Según los documentos del caso, Sharkey tuvo “relaciones sexuales” repetidas con la joven madre -que entonces tenía 19 años- en diversos lugares del centro de detención, incluyendo los baños, los cuartos familiares, la capilla y la lavandería.

Al menos siete testigos, incluyendo mujeres y otros niños, vieron algunos de los incidentes, y la denuncia original vino de una niña de 8 años, que lo comunicó a un sicólogo del centro, que está allí para asistir a los detenidos.

Siete de los incidentes fueron registrados por las cámaras de seguridad del lugar y estos videos fueron usados durante el juicio de Sharkey.

Pero a pesar de la sentencia, abogadas que trabajan con las detenidas, la mayoría de las cuales son jóvenes con niños pequeños que escaparon de la violencia y el abuso sexual en Centroamérica, no están satisfechas con el resultado, ni con la forma en que se manejó el asunto.

“Desafortunadamente, el incidente ocurrió en 2014, fue reportado en Agosto, no se investigó hasta Octubre de ese año y luego el acusado se las arregló para postponer el caso durante más de un año”, dijo Bridget Cambria, una abogada que lleva los casos legales de muchas de las detenidas en Berks.

Adicionalmente, reporta Cambria, “se mantuvo detenida a la víctima hasta diciembre de ese año y a las testigos hasta por lo menos julio del año siguiente. Tampoco se les dio ningún tipo de asistencia sicológica ni se reportó a los servicios de protección infantil”, apuntó.

Sharkey, el ex “consejero”,  fue despedido poco después de que se presentaron cargos en su contra. Su defensa alegó que se trató de una relación “consensual” ( es decir, que contó con la voluntad de la jovencita), aunque las leyes especifican que no puede existir tal cosa entre un detenido y un empleado del centro de detención.

Bajo la ley, una relación sexual entre un empleado y una persona confinada a una prisión o centro de detención se llama “violación institucional” ya que existe una posición de dependencia total.

Durante el juicio, la joven (no identificada y usando el nombre genérico “María”) dijo que no dijo nada sobre la situación ya que Sharkey, quien además es casado, le dijo que “la denunciaría y la deportarían a ella y a su hijo”.

En general, los guardias no tienen poder alguno sobre los casos de las detenidas, dijo la abogada, pero ellas no lo saben.

Que estas mujeres están en posición vulnerable y dependiente ante las autoridades quedó en evidencia en la reacción de otras madres, dijo Cambria y ha sido una constante en la vida de estos centros llamados “familiares”.

“Las mamás y los niños estaban tan atemorizados que no fue hasta después de algún tiempo que varias vinieron a nosotras a reportar lo que habían visto”, dijo Cambria.

No es la primera vez que se presentan alegaciones de abusos, negligencia y asalto sexual contra las jóvenes madres en estos centros. De hecho, un reporte de Human Rights Watch en 2010 lo describió como un asunto generalizado en centros de detención de inmigración.

En marzo del 2014, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió reglamentos que buscan proteger de abuso sexual a migrantes detenidos en centros dependientes de las autoridades migratorias, incluyendo aquellos manejados por entidades privadas, donde está más de la mitad de los detenidos y le dio 18 meses a las empresas para implementarlos.

Este centro de Berks, sin embargo, pertenece al condado del mismo nombre en Pennsylvania y este está bajo contrato del gobierno federal para operar el lugar como un centro familiar, aunque recientemente perdió su licencia estatal de operaciones, “por no cumplir con los requisitos de operación originales”. Esta suspensión está siendo apelada.

El Centro Residencial de Berks County, ubicado en Pennsylvania a unas 70 millas de la ciudad de Filadelfia, tiene actualmente 84 residentes, casi todas madres centroamericanas con hijos menores, dijeron abogados de interés público que trabajan para defender a las migrantes.

Berks es uno de los tres “centros residenciales” de detención que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) usa para detener a familias que buscan asilo en este país.


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