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Inicia operativo «cero tolerancia» contra ilegales en Texas

Por José Antonio Román, diario La Jornada, México. | 2 de Noviembre de 2007 a las 00:00
Sin que México haya protestado por la decisión del gobierno de Estados Unidos de aplicar el operativo Streamline, inicialmente en la zona metropolitana de Laredo, Texas, en los primeros dos días de su entrada en vigor la Patrulla Fronteriza de ese sector ha llevado ya a los primeros 48 migrantes mexicanos indocumentados ante la Corte de Justicia, asignándoles prisiones lejanas para enfrentar los procesos acusados del "delito federal" de "ingresar ilegalmente" a territorio estadounidense. El pasado miércoles, el sector Laredo de la Patrulla Fronteriza inició dicho programa –que eventualmente se extenderá por 272 kilómetros de la frontera–, mediante el cual los migrantes detenidos en su intento por cruzar serán sometidos a un juzgado federal para procesarlos criminalmente, aplicándoles multas de entre 50 y 250 dólares, y penas de hasta seis meses en prisión, cuando sea la primera vez, y mayores en caso de reincidencia. No hay oportunidad alguna de obtener libertad condicional o de ser solamente deportado, como anteriormente se hacía. Ante este endurecimiento de la política migratoria estadounidense, el gobierno mexicano, a través de la cancillería, ha guardado silencio a dos días de su aplicación. En entrevista telefónica, el cónsul mexicano en Laredo, Javier Abud Osuna, calificó esta situación de "una emergencia" e informó que ya envió a la cancillería un reporte completo de la situación a la que están siendo sometidos los migrantes mexicanos, pero "estoy a la espera del posicionamiento de mi gobierno". Laredo se convierte así en la tercera zona fronteriza de Estados Unidos en aplicar la ley federal que penaliza con prisión a quienes ingresen "ilegalmente" al país. El programa comenzó en Del Río, Texas, en 2005, y fue extendido a Yuma, al oeste de Arizona, el año pasado. El cónsul Javier Abud comentó que este operativo de la Patrulla Fronteriza está enfocado precisamente a impedir que los indocumentados "intenten siquiera" cruzar sin documentos por esta parte de la frontera. Ante el cúmulo de casos extraordinarios que ahora deben atender, Abud comentó que la oficina a su cargo solamente cuenta con cuatro elementos de protección consular para hacer frente a todo lo que implica la mencionada operación, que se suma a la enorme carga de trabajo ya existente. De acuerdo con la información disponible, al ser llevados a la corte los mexicanos detenidos se declararon culpables de "ingresar ilegalmente" a territorio estadounidense, y se les ha asignado un abogado de oficio para su defensa, a la espera de que se les dicte sentencia. Abud Osuna informó que el pasado 31 de octubre, primer día de la operación Streamline, se detuvo a 52 connacionales, consignando a 27, mientras que ayer, primero de noviembre, se detuvo a 23 y 21 fueron llevados este mismo jueves a la corte. Informó que a los 48 indocumentados les fueron asignadas las prisiones de Frío y Valverde, ambas en Texas, pero que estos centros de reclusión ya no se encuentran en la circunscripción del consulado mexicano en Laredo, sino corresponden a los de Del Río y San Antonio. Por ello, ya se entabló comunicación con los cónsules Ricardo Antonio Ahuja Hernández y Martha Irene Lara Alatorre, respectivamente, a fin de coordinar la asistencia que debe brindárseles a los connacionales. "El juez tendrá que decidir, supongo que de manera rápida, la sentencia que les va a dar y las multas que les va a aplicar bajo este programa que tiene cero tolerancia". En la entrevista, el Abud cónsul adelantó que se efectuarán visitas a los centros de detención para entrevistarse con los indocumentados, y velar porque se les dé un trato decoroso, sobre todo con respeto a sus derechos humanos. De acuerdo con información proporcionada por el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, las detenciones de indocumentados en el sector Laredo han disminuido en los recientes años; así, en 2000 fueron aprehendidas 108 mil 973 personas; en 2001, 87 mil 68; 2002, 82 mil 95; 2003, 80 mil 521; 2004, 74 mil 706; 2005, 75 mil 342, y en 2006, 74 mil 843. El operativo, llamado también "cero tolerancia", fue respaldado por los congresistas federales John Culberson (republicano) y Henry Cuéllar (demócrata), quienes hicieron las gestiones necesarias para contar con los recursos para su aplicación inmediata.

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