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Ya son 18 los condados de North Carolina que verificarán si son o no legales los detenidos

Agencia EFE. Desde Charlotte, North Carolina. | 6 de Noviembre de 2007 a las 00:00
Otro condado de Carolina del Norte aprobó unirse al controvertido programa federal 287 (g), que autoriza a los alguaciles locales verifica el estatus migratorio de los reos alojados en cárceles locales. Con Wake, donde se asienta Raleigh, serían 18 condados en Carolina del Norte que han solicitado firmar el "memorando de entendimiento" con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), el mayor número a nivel nacional. "Este estado es el líder en solicitudes del programa 287 (g). La recepción ha sido tan grande, que estudiamos la manera de satisfacer la demanda", afirmó hoy a Efe Richard Rocha, portavoz del ICE. Los comisionados de Wake acordaron ayer que el alguacil Donnie Harrison, quien ya tenía adelantadas conversaciones con las autoridades federales, iniciara el proceso para poner en marcha el programa para el próximo mes de junio. "Tenemos que identificar a estas personas y cerciorarnos que paguen por sus delitos. La medida es ventajosa económicamente, porque el gobierno federal nos reembolsa dinero por cada indocumentado que detengamos", añadió Harrison. El 287 (g) es una sección en la ley de inmigración vigente desde 1996, que permite a los gobierno locales recibir fondos federales para entrenar a agentes en ciertas funciones migratorias. El condado Mecklenburg, al que pertenece Charlotte, fue el primero del estado en implementar el 287 (g) en su cárcel en abril de 2006. Hasta la fecha, han sido puestos en proceso de deportación 3.003 latinos indocumentados, de los cuales solamente 35 han cometido delitos graves, según cifras oficiales de la oficina del alguacil de Mecklenburg. Aparte de Meckelenburg, los condados Gaston, Alamance y Cabarrus han venido operando el programa con efectividad. Según Rocha, solamente 34 gobiernos locales a nivel nacional han firmado el acuerdo 287 (g), lo que ha resultado en el entrenamiento de 597 alguaciles, quienes han determinado que 30.000 inmigrantes indocumentados se encontraban en las cárceles del país. Al igual que Carolina del Norte, en los estados de Virginia y California operan cuatro programas en cárceles locales. Desde el comienzo, las organizaciones pro-inmigrantes del estado se han opuesto a la medida bajo el argumento de que "compromete" las relaciones de los inmigrantes y las autoridades del orden público. En Charlotte, algunos activistas latinos han cuestionado el proceso al que deben someterse inclusive los ciudadanos estadounidenses por naturalización, de colocar las huellas digitales en la cárcel para verificar su estado migratorio Estos dicen que sus "derechos civiles" han sido violados, situación que niega ICE porque de acuerdo con el programa, a toda persona nacida fuera de EE.UU se le hacen primero preguntas para determinar si han completado procesos migratorios. En Carolina del Norte, según la oficina del Censo de los Estados Unidos, viven alrededor de 600.000 latinos. De ellos, el 80 por ciento son indocumentados, en su mayoría mexicanos.

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