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Auditor recomienda a alguacil del condado de Sonoma no colaborar con inmigración

Ciudad de México. Agencias | 31 de Marzo de 2017 a las 15:28

La oficina del Sheriff del condado de Sonoma debería limitar el acceso de agentes federales de inmigración a la información de reclusos indocumentados en la cárcel, anunció el jueves el auditor de la seguridad pública del condado.

Jerry Threet, director de la Oficina Independiente de Revisión del Cumplimiento de la Ley y Alcance —IOLERO, por sus siglas en inglés—, dijo que la política actual de la cárcel, sobre cumplir con cualquier solicitud de agentes federales de inmigración para ser avisados antes de que un recluso sea puesto en libertad —incluidos en casos cuando una persona es liberada bajo fianza o sin haber sido acusado de un delito— debilita la seguridad pública. Esta política, dijo, hace que las personas eviten denunciar delitos o cooperar con las fuerzas del orden, por miedo a ser deportados.

Threet dijo que una persona puede ser detenido por agentes de inmigración antes de haber tenido un caso criminal local e incluso cuando el caso es desechado.

En su primera revisión exhaustiva de las políticas de la Oficina del Sheriff, desde que se formó su oficina hace un año, Threet recomendó que el alguacil compartiera información sólo en ciertos casos, como las fechas de liberación de personas condenadas por delitos graves o violentos en los últimos 10 años.

“La recomendación es que la Oficina del Sheriff deje realmente claro cuál es la meta de la seguridad pública, que es la misión de la Oficina del Sheriff: defender la seguridad pública de todos en esta comunidad, incluidos los inmigrantes“, dijo Threet.

En un análisis de 13 páginas, Threet describió los beneficios para la seguridad pública el restringir la cooperación de la cárcel con la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE. Su informe incluye análisis jurídicos y está basado en conversaciones con más de 200 inmigrantes locales, en su mayoría indocumentados, así como investigaciones que muestran que las tasas de delincuencia no incrementan en las ciudades con políticas similares a las de los lugares santuario.

La política es la principal forma en que la policía local coopera con la agencia de inmigración ICE, validando el miedo generalizado entre los inmigrantes de que cualquier interacción con un policía local podría resultar en su deportación.

El reporte fue enviado al alguacil Steve Freitas y personal del departamento de seguridad, supervisores del condado y miembros de un consejo asesor de la comunidad que trabaja con Threet.

El asistente del alguacil, Randall Walker, que dirige la cárcel, dijo que recibió el informe el jueves y que no lo leyó. Él y otros en la Oficina del Alguacil revisarán las ideas de Threet y determinarán qué cambios harán en sus políticas, si los hay.

“Vamos a echar un vistazo y ver qué valor trae al proceso, qué valor trae a la comunidad“, dijo Walker. “Si tiene algo que nos ayude a mejorar la seguridad pública, seguramente lo haremos”.

Las recomendaciones de Threet no son determinantes y su función es de carácter consultivo. Pidió a Freitas y su oficina que respondieran dentro de 30 días.

El abogado de inmigración, Rick Coshnear, quien ha exigido un cambio en la política de la cárcel del condado, elogió a Threet por construir un argumento para el cambio, basado en la experiencia de inmigrantes indocumentados en el condado de Sonoma.

El informe de Threet subraya los temores expresados ​​por muchos durante reuniones con Coshnear, respecto a que cualquier contacto con la policía, ya sea como víctima o sospechoso, podría exponerlos a la deportación.

Coshnear dijo el jueves que no ha leído el informe completo, pero cree que Threet “realmente escuchó a la comunidad”.

“Lo que pasa en la cárcel es importante”, dijo Coshnear. “La gente sabe que a pesar de que los oficiales del alguacil no llaman al ICE cuando andan en la calle, sí solían hacerlo, y que podrían hacerlo de nuevo. La gente simplemente no confía, ya que podrían ser arrestados por ninguna buena razón y llevados a la cárcel, y posiblemente enfrentar un caso de deportación”.

Threet también recomendó limitar el acceso de agentes federales de inmigración a la cárcel, cuando buscan leer los archivos de un detenido, el cual contiene documentos que revelan el país de origen, el número de seguro social y otros datos.

Esos archivos están disponibles para agentes de la ley de cualquier agencia que investigan casos criminales, y Threet argumentó que esos archivos sólo deberían ser accesibles a los oficiales federales que trabajan en casos criminales.

Los casos federales de inmigración son en su mayoría asuntos civiles. Si bien es un crimen federal cruzar la frontera después de haber sido deportado, no es un delito estar presente en los Estados Unidos sin la debida autorización. Esa es una violación civil, en la mayoría de los casos.

Las cárceles locales no están obligadas a responder a las solicitudes de información de presos, hechas por agentes federales de inmigración. Hay casos en que un juez federal puede firmar una declaración de causa probable o una orden judicial, pero éstas son raras.

El informe de Threet enfatizó cómo la Oficina del Alguacil ha cooperado activamente con la aplicación federal de inmigración —en su mayoría asuntos civiles— y ha frenado la colaboración cuando ha sido requerido por nuevas leyes, sentencias de la corte y demandas judiciales. El informe también subraya el impacto de la “retórica inflamatoria” del presidente Donald Trump sobre los inmigrantes, describiéndolos generalmente como criminales violentos y la misión declarada del gobierno de deportar a más personas.

Freitas y otros líderes de la ley han dicho repetidamente que los oficiales en las calles no hacen cumplir las leyes de inmigración, y generalmente se les ordena evitar preguntar a las personas si están legalmente en el país.

Pero esas promesas caen planas, porque “ignoran las áreas donde la cárcel coopera plenamente con ICE“, dijo Threet.

“Los miembros del público pueden tener conocimiento personal, o escuchar historias de aquellos en quien confían, sobre individuos que son recogidos por ICE en la cárcel o al terminar los programas de DUI”, dice el informe. “Esta desconexión entre la práctica y la política, y la falta de claridad sobre la política y las prácticas reales, tiende a acentuar la desconfianza persistente entre los inmigrantes indocumentados y la Oficina del Alguacil”.

Es poco probable que el departamento haga cambios en sus políticas pronto. Una ley propuesta, la Ley 54 del Senado, impondría mayores límites a las formas en que las cárceles locales pueden cumplir con las solicitudes de los agentes de inmigración para obtener información sobre los reclusos, incluyendo fechas de liberación. El portavoz del departamento de seguridad, sargento Spencer Crum, dijo que la oficina esperará ver si el proyecto de ley es aprobado, antes de cambiar sus políticas.

El proyecto de ley, propuesto por el presidente del senado, Kevin de León, demócrata de Los Ángeles, será discutido la próxima semana. Si pasa, va a la asamblea.

Threet instó a los supervisores del condado apoyar el proyecto de ley, si se enmienda, para hacer excepciones a las personas con condenas penales graves o violentas, una categoría de crímenes definida por la ley estatal.


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