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Negocios latinos quiebran por leyes antiinmigrantes

Agencia EFE. Desde Tulsa, Oklahoma. | 23 de Noviembre de 2007 a las 00:00
Desde que entró en vigor en Oklahoma una ley que, entre otras cosas, elimina los servicios de asistencia médica para los indocumentados y establece multas para los que los contraten, los negocios latinos en Tulsa se enfrentan a graves problemas por el descenso en sus ventas. Las autoridades del estado autorizaron la puesta en marcha de una legislación que, en aras de combatir la inmigración ilegal, autoriza además a la policía local detener a inmigrantes indocumentados. Desde el 1 de noviembre, la llamada "Ley para la Protección de los Ciudadanos y Contribuyentes de Oklahoma", patrocinada por el legislador estatal republicano Randy Terrill, prohíbe también la emisión de licencias de conducir para indocumentados. Según Francisco Treviño, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio Latina de Tulsa, los efectos de la mencionada ley han afectado considerablemente a los comercios latinos, con cierres de algunos locales o iniciativas para atraer a otra clase de público. "La reducción de las ventas es el común denominador de la gran mayoría de negocios cuyos clientes eran únicamente latinos. Al principio se trataba de un cinco por ciento menos en las ventas, pero ahora se ha incrementado al 60 y hasta 70 por ciento menos", dijo Treviño. "La razón no es solamente que muchos decidieron irse a otras ciudades o regresar a sus lugares de origen. El otro problema es que muchos latinos indocumentados han optado por no salir a las calles", agregó. Se presume que de los 75.000 latinos que habitaban el condado Tulsa antes del 1 de noviembre, unos 25 mil se han mudado a otros lugares debido al clima hostil contra los indocumentados. "Y no todos los que se han ido eran indocumentados. Muchas familias grandes que tenían a uno o dos miembros con un estatus migratorio ilegal decidieron irse con ellos", afirmó Treviño. Indicó además que los latinos que se han quedado son aquellos que de alguna manera tienen un trabajo y están mejor establecidos que otros, pero que de todas maneras están a la espera de lo que va a pasar en los próximos meses. Para Emiliano Gutiérrez, gerente de un restaurante mexicano de comida rápida, el futuro del negocio es incierto y no cree que vaya a cambiar para bien. "No quiero ser pesimista, pero no veo una luz de esperanza al final del túnel. Nuestro negocio ha experimentado pérdidas de hasta el 40 por ciento de las ventas. Antes teníamos un 80 por ciento de clientela latina, ahora todo ha cambiado y los latinos son los que menos nos frecuentan", indicó Gutiérrez. "Ojalá las autoridades se den cuenta del daño que le está haciendo a la comunidad latina y de cómo eso afecta el crecimiento económico del estado y de esta ciudad. Al final, parece que lo único que nos queda es resignarnos", añadió. Por el momento, Randy Terril, autor de la ley HB 1804, ha dado a conocer sus intenciones de proponer una iniciativa para la próxima sesión legislativa para aumentar las prohibiciones contra los indocumentados. La más drástica sería la apropiación del estado de bienes como vehículos, casa y negocios que estén registrados bajo los nombres de personas que se encuentran en el país de manera ilegal. También rechazaría el registro de las actas de nacimientos de los niños nacidos en ese país de padres indocumentados y negaría el cuidado preventivo de salud para las mujeres indocumentadas que se encuentran gestando. Para Juan Miret, periodista con el semanario Latino de Tulsa, lo que pretende Terril es una violación a las garantías constitucionales porque su propuesta sería "exclusivamente excluyente y racista". "El llamado 'hijo de la 1804' es una exclusión, restricción o preferencia en base a la raza, color o descendencia nacional o étnica, con el único propósito de anular los derechos humanos y las libertades civiles del grupo más vulnerable en la actualidad: los indocumentados", criticó Miret. La ley HB 1804 también exige que los departamentos policiales arresten a inmigrantes indocumentados acusados de manejar borrachos o de delitos graves, para que posteriormente sean sometidos a un proceso de deportación por parte de las autoridades federales.

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