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Legisladores de Utah impulsan reforma migratoria similar Colorado

Agencia EFE, desde Salt Lake City, Utah. | 7 de Agosto de 2006 a las 00:00
Un grupo de legisladores de Utah anunció hoy que evaluará un paquete de leyes sobre inmigración, similares a las recientemente aprobadas en Colorado, para limitar el impacto de los indocumentados en este estado. Los legisladores, tanto republicanos como demócratas, expresaron su frustración por la inacción del gobierno federal con respecto a la reforma inmigratoria, por lo que buscan crear un consenso bipartidista que eventualmente permita la aprobación de las nuevas leyes. Entre las medidas propuestas figuran nuevas sanciones para empleados que, a sabiendas, contraten a inmigrantes indocumentados, nuevas limitaciones en el acceso a servicios y beneficios públicos para personas indocumentadas, y la construcción de una cárcel específicamente para alojar a inmigrantes indocumentados convictos de crímenes. Además, los legisladores buscan derogar dos leyes, una que hasta ahora permite a los hijos de indocumentados recibir descuentos en el arancel universitario (siempre y cuando cumplan con toda una serie de requisitos), y otra ley que entrega a los indocumentados las llamadas "tarjetas de privilegio de conducir". Según la Oficina del Censo, en Utah viven unos 250.000 hispanos. Entre los latinos, según estadísticas del Pew Hispanic Center publicadas en abril pasado, entre 75.000 a 100.000 serían inmigrantes indocumentados, la mayoría de ellos de México y de América Central. Además, según el Migration Policy Institute (basado en Washington D.C.), en Utah se quintuplicó el número de latinos (incluyendo hijos de inmigrantes nacidos en este estado) durante los últimos 15 años. Los rápidos cambios demográficos y las nuevas presiones políticas parecen haber llevado a varios legisladores a modificar su postura respecto a ciertas leyes que antes respaldaban y que ahora buscan derogar. Por ejemplo, la representante Karen Morgan, D-Cottonwood Heights, votó a favor de la ley de aranceles reducidos para hijos de indocumentados, pero ahora, revisando las leyes aprobadas en Colorado, Morgan propuso requerir que quienes accedan a beneficios públicos (incluyendo subsidios universitarios) muestren que están legalmente en el país. En declaraciones a los medios locales, Morgan dijo que buscará respaldo bipartidista para sus propuestas de reforma migratoria a nivel estatal, pero hasta ahora ninguno de sus correligionarios demócratas se ha expresado a su favor. Morgan se reunió el mes pasado en Denver con los dirigentes demócratas de Colorado, quienes, gracias al control que tienen en ambas cámaras de la legislatura de este estado, lograron imponer su versión de las leyes de reforma inmigratoria en Colorado. En Utah, sin embargo, los republicanos tienen la mayoría en la legislatura estatal. Uno de los legisladores republicanos, Glenn Donnelson, de North Ogden, aseveró que presentará proyectos de ley para derogar tanto los descuentos universitarios como las tarjetas de privilegio de manejar para indocumentados. Donnelson también está a favor de una medida que requiera a los empresarios verificar la validez de los documentos de inmigración presentados por sus potenciales empleados. Una ley similar entrará en vigor en Colorado el 1 de enero del 2007. Otro republicano, Paul Ray, de Clearfield, declaró que presentará un proyecto de ley para construir una cárcel privada donde cumplan su sentencia los inmigrantes indocumentados convictos de haber cometido crímenes en Utah. Una cárcel de esas características, con capacidad para hasta mil reos, ya se está construyendo en la localidad de Pueblo, en el sur de Colorado. El nuevo penal evitaría que los indocumentados compartan las celdas con otros presos, reduciendo así el costo de alojamiento y eventual deportación, sostuvo Ray. Por su parte, el representante Ross Romero, D-Salt Lake City, comentó que "se debe tener cuidado" al evaluar las leyes anti-inmigrantes, porque pueden tener un impacto negativo en la economía local. Según Romero, en última instancia, le compete al gobierno federal, y no a los legisladores estatales, resolver el tema de inmigración, porque sólo el gobierno federal cuenta con los recursos necesarios como para hacerlo.

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